El Gobierno estudia convocar al embajador de Portugal tras la liberación del etarra Telletxea

La decisión de los tribunales portugueses de denegar la extradición a España del presunto etarra José Luis Telletxea Maia supone un "grave precedente" en la lucha antiterrorista, según fuentes diplomáticas españolas en Lisboa. Dichas fuentes atribuyen la decisión final a la descoordinación entre los tribunales portugueses, que en primera instancia habían aceptado la reclamación española. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reconoció ayer que la decisión es "lamentable y supone contratiempo". El Ministerio de Asuntos Exteriores estudia convocar al embajador portugués en Madrid para expresarle su preocupación y desencanto por la sentencia. Telletxea ya está en libertad.

El Gobierno luso evitó ayer pronunciarse sobre el fallo judicial que ha permitido la puesta en libertad de Telletxea. España, por el contrario, sí lo ha hecho. A su juicio, la negativa a entregar a este etarra plantea serias dudas sobre la actitud de la Justicia portuguesa frente a la implantación del espacio judicial europeo y el futuro cumplimiento del convenio comunitario de extradición. El secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, Ramón de Miguel, criticó en Leioa (Vizcaya) que la UE pueda convertirse en un "espacio fantástico para que florezcan" el terrorismo y la delincuencia internacional por la desaparición de las fronteras.El Ministerio de Asuntos Exteriores estudia una respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Portugal y se plantea convocar a su embajador en Madrid para expresarle oficialmente el desencanto y el malestar del Gobierno español por la sentencia. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares de Exteriores analizó ayer con los servicios del Ministerio del Interior la posibilidades de presentar recurso. Sin embargo, el Gobierno adoptará una decisión concreta sobre el caso, como la convocatoria del embajador, sólo después de analizar el contenido de la sentencia.

El Tribunal Supremo portugués argumenta su decisión en el caso Telletxea "por entender que la solicitud de extradición no concretaba debidamente los hechos por los que se fundamentaba la petición". De esta manera, la Audiencia Nacional recibe una segunda negativa a sus pretensiones tras haber ampliado su inicial petición con nuevos informes que acusan a Telletxea Maia, de 35 años, de haber formado parte del aparato de mugas de ETA (paso de fronteras), así como de haber colaborado con los comandos Kiruli y Donostia hasta su desarticulación en 1994, lo que provocó su huida a Portugal.

Campaña de apoyo

La campaña en contra de la pretendida extradición del supuesto terrorista ha obtenido en Portugal un insospechado apoyo que incluye a destacados dirigentes del partido del Gobierno y a algunos intelectuales, profundamente desconocedores del fenómeno terrorista español. A principios del presente mes fue hecho público un comunicado contra la entrega a España del presunto etarra que estaba firmado, entre otros, por el vicepresidente primero del Parlamento y dirigente histórico del Partido Socialista, Manuel Alegre, el escritor Urbano Tavares Rodrigues, el historiador Fernando Rosas, la actriz María do Ceu Guerra, la dirigente socialista Helena Roseta y el responsable del Partido Socialista Revolucionario (actualmente sin escaño), Francisco Loça.El documento señalaba que las acusaciones contra Telletxea "fueron obtenidas mediante torturas". Según ese texto, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y diversos informes elaborados por las Naciones Unidas, Amnistía Internacional o la Organización Mundial contra la Tortura reconocen la violación de los derechos humanos contra los presos vascos por razones políticas. El historiador Fernando Rosas llegó a sostener que esta campaña tenía por objetivo "evitar el envío de un hombre a la tortura del Estado español". Las autoridades de Lisboa, sin embargo, habían negado asilo político a Telletxea, tras ser detenido en marzo de 1996.

Antes de producirse la actual situación, el Tribunal de Apelación de Lisboa se pronunció el 3 de enero a favor de conceder la extradición de Telletxea, lo que causó la euforia del Gobierno español. El propio Jaime Mayor Oreja telefoneó al ministro de Administración Interna, Alberto Costa, para agradecerle "el gesto" de las instituciones portuguesas. La entrega a España del presunto mugalari (pasador de fronteras) se dio entonces como cosa hecha y Mayor Oreja declaró: "La extradición de Telletxea es un auténtico fracaso para ETA". Este asunto, incluso, había sido impulsado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, en la cumbre hispano-lusa celebrada el pasado octubre.

La negativa del Supremo portugués se basa en que la demanda "no presenta hechos concretos que justifiquen la extradición". Fuentes policiales españolas recuerdan que en la primera solicitud cursada por el juez Baltasar Garzón se relacionaba a Telletxea con el "paso de material" de Francia a España, lo que los jueces portugueses interpretaron como una acusación "muy difusa".

En una posterior ampliación de la demanda, las autoridades españolas hicieron constar declaraciones de detenidos que vinculaban al presunto mugalari con el transporte de material para ser utilizado por los comandos de ETA. El ministro Oreja se manifestó ayer en Madrid convencido de "la solidez" de los argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional.

Por otra parte, el Consejo de Ministros tiene previsto pedir hoy a Francia la extradición de los etarras José Luis Urrusolo Sistiaga, El Largo; Julián Atxurra Egurola, Pototo; y Carmen Guisasola.