La Junta de Castilla y León tuvo en 1993 un 'agujero contable' de 50.950 millones

El Tribunal de Cuentas ha llamado la atención a la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, a causa de un agujero contable de 50.950 millones de pesetas y por el uso abusivo de la adjudicación a dedo en los contratos formalizados por este Gobierno autónomo. El informe, redactado recientemente, se refiere a 1993, cuando el titular de la Consejería de Economía y Hacienda era Fernando Becker, hoy presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cargo para el que fue nombrado en mayo de 1996.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento castellano-leonés ha pedido la comparecencia de Becker para que explique los desajustes detectados por el Tribunal de Cuentas. Becker entró como consejero de la Junta de Castilla y León por designación del todavía presidente, Juan José Lucas. Jugó un papel importante en la delegación del Partido Popular durante la negociación sobre la financiación autonómica con los nacionalistas catalanes de hace un año. Se le considera uno de los inspiradores de la introducción de la capacidad normativa para las comunidades autónomas en la cesión de la gestión del IRPF. Fue sustituido el pasado mayo por Isabel Carrasco al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. El informe del Tribunal de Cuentas de 1993 llama la atención sobre la adquisición de compromisos de pago arrastrados por la Junta de Castilla y León por valor de 50.950 millones de pesetas a los que no puede responder.El informe dice textualmente: "En presupuestos cerrados existe un exceso de derechos reconocidos por endeudamiento no dispuesto de ejercicios anteriores de. 50.950 millones de pesetas". El Tribunal de Cuentas detecta también un déficit de 39.368 millones de pesetas. El informe señala: "El resultado no financiero de la liquidación del ejercicio derivado de las liquidaciones presentadas determina un déficit de 23.041 millones de pesetas que debe aumentarse en 16.327 millones, por lo que resulta un déficit de 39.368 millones".El Tribunal de Cuentas llama también la atención de la Junta de Castilla y León por su abuso en las adjudicaciones, a dedo en su política de contrataciones. En el documento se asegura que "el 86% del importe total de los contratos examinados se adjudicó mediante concurso sin que se haya garantizado la selección objetiva de los contratistas más convenientes al interés público". No se garantiza esa selección objetiva "al no haberse establecido u ordenado los criterios de selección de los mismos en el 11% de los pliegos correspondientes y al no haberse fundamentado adecuadamente las adjudicaciones del 59% de. dichos contratos".

Concursos y substas

El Tribunal expone también su punto de vista sobre las contrataciones. "Debería valorarse por los órganos de contratación la utilización de la subasta como procedimiento general ordinario de adjudicación de los contratos de obras, habida cuenta que permite obtener mayores bajas sin perjuicio de garantizar, mediante una elaboración y supervisión más rigurosa de los correspondientes proyectos así como mediante el establecimiento de los requisitos de clasificación de contratistas, la adecuada calidad en la ejecución". Concretamente, en 1993, el número de concursos fue de 143 por valor de 34.601 millones de pesetas; las adjudicaciones directas fueron 97 por valor de 5.209 millones y las subastas, recomendadas como procedimiento por el Tribunal de Cuentas, fueron sólo 5 y por valor de 539 millones.

El Tribunal de Cuentas se queja también a la Junta de Castilla y León de "la falta de indicadores o sistemas de seguimiento y control suficientemente definidos en el presupuesto por programas que impide conocer y analizar el coste y rendimiento de los servicios públicos". El tribunal manifiesta esta queja reiteradamente en todos sus informes anuales desde 1990.

Un portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León manifestó ayer que "la forma de contratación de la Junta, se ve reafirmada por la Le de Contratos, y que dice que la adjudicación podrá efectuarse por concurso o subasta".

En cuanto al agujero contable de 50.950 millones de pesetas, el portavoz de la Junta dijo que "se trata de un criterio contable". El Tribunal de Cuentas en tiende que "es preciso contabilizarlos [todos esos compromisos de pago por valor de 50.950 millones] cuando, se emita la deuda. La Junta ha atendido a la emisión [de deuda] de las tres autorizaciones a las que hace re ferencia el informe".

Las conclusiones del Tribunal han llevado al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León a solicitar la comparecencia de Becker ante el parlamento autonómico para que explique lo que juzga que son claras irregularidades.