La juez inculpa a De la Rosa por estafar a KIO mediante operaciones de 'ingeniería financiera'

Ingeniería financiera para ocultar la "distracción de fondos ajenos", es decir, un presunto "delito de apropiación indebida". Con esta claridad conceptual analiza la juez Teresa Palacios, titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, la gestión de Javier de la Rosa al frente del Grupo Torras. En un auto emitido ayer, en el que también dicta contra De la Rosa orden de prisión eludible con una fianza de 400 millones de pesetas, la juez considera que la complejidad de la operación analizada, la desaparición de 7.782 millones de pesetas en la venta de una empresa papelera, pretendía lograr "un oscurantismo y opacidad para su seguimiento", no sólo por parte del perjudicado, Torras-KIO, sino sobre todo "de cara a los tribunales".

Para el ex juez Miguel Moreiras que rechazó la querella de Torras en cuatro ocasiones, y para la fiscalía, esa complejidad de las operaciones de ingeniería financiera eran un argumento para no interesarse por el caso. Pero ahora no es obstáculo para que la juez Palacios haya dictado una primera resolución clave en un asunto que conoce sólo desde el pasado mes de enero. Ese drástico cambio en la instrucción del caso explica que la juez haya aprobado la fianza contra De la Rosa, pues además de su "comportamiento reprobable" en el presunto delito que se le imputa ahora, tras las nuevas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, "se ha puesto a prueba esa buena disposición" para no huir de la justicia.

La operación que analiza la magistrada es la venta en 1988 de la papelera ICSA, en la que "distrajeron la nada despreciable suma de 7.782 millones de pesetas", que nunca fueron a parar a las cuentas de la sociedad vendedora, Torras, y desaparecieron a través de una compleja red de cuentas suizas y sociedades pantalla en diversos paraísos fiscales.

La juez establece que esa venta, analizada en su conjunto, es una "compleja maniobra de distracción de fondos ajenos". Según la resolución, la operación es "una auténtica obra de ingeniería financiera, de suma complicación para desentrañar, pero una vez vislumbrada, encajable en el tipo penal aludido" [apropiación indebida].

Teresa Palacios también dedica parte de su documento a analizar el argumento utilizado por De la Rosa de, que organizó la operación "recibiendo órdenes de otros" y con el objetivo de de volver dinero a KIO. La juez disecciona paso por paso el discurso de De la Rosa.

En primer lugar, "no obra" en la causa prueba alguna de que obedeciera tales órdenes. Después, sobre las supuestas deudas con KIO, nunca "han sido aportadas ni aparece esta revelación" en ningún documento contable. Además, "nunca se planteó ni se debatió esta fórmula de devolución de préstamo alguno en el seno de la junta de accionistas". Conclusión: De la Rosa "personalizó esta fórmula para el caso de que fuera creíble su versión". En cualquier caso, "por cuenta propia o de otros distrajo la suma referida".

La juez, también dictó ayer orden de prisión provisional, eludible con una fianza de 150 millones de pesetas, contra el abogado Juan José Folchi. Los letrados de éste habían defendido que su cliente sólo actuó como asesor del grupo y emitido un dictamen legal sobre la venta de ICSA y que del conjunto de las operaciones denunciadas por Torras en su querella sólo está incluido en ésta.La magistrada, sin embargo, señala que Folchi, "emitió un dictamen legal [ ... ] sin que haga observación alguna ni reparo legal de la incoveniencia de tales operaciones y, menos aún, de la probable ilicitud de las mismas".

Teresa Palacios remacha que, si bien no consta que tomara para sí cantidad alguna de la masa [de dinero], sí diseñó y organizó fórmula para que otros así lo hicieran y sería inverosímil que, en contrapartida por estos servicios no se le pagara una sustanciosa suma en precio a su colaboración".