La Audiencia justifica que se exija identificación a una mujer por ser negra

Rosalind Williams, española de 53 años, considera que fue objeto de discriminación racial cuando en 1992 un policía le exigió que se identificara sólo por ser negra. Pero la Audiencia Nacional ha justificado la actuación policial. Williams, su marido Federico Agustín Calabuig, y su hijo Iván Agustín Calabuig Williams -ambos de raza blanca-, piden ahora amparo al Constitucional.

El origen de esta demanda fue, "precisamente", como recuerda Rosalind Williams, "la celebración del Día de la Constitución". El 6 de diciembre de 1992, los tres familiares mencionados viajaron de Madrid a Valladolid en tren. Al bajar en la estación vallisoletana, un inspector jefe de Policía, acompañado de un policía uniformado, le pidió a Williams, la documentación.Williams, que se dedica profesionalmente a la organización de exposiciones artísticas, recuerda la sorpresa que experimentó cuando el policía le pidió que sé identificara, y no a los demás, así como la indignación que le produjo, a ella y a su marido, que ante sus preguntas el policía contestara que tenía "órdenes de pedir la documentación a personas como ella". El marido pidió explicaciones y el policía respondió: "Como ella, gente de color; hay muchos que son inmigrantes ilegales".

Con el asesoramiento jurídico del letrado y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, el 15 de febrero de 1993 la familia Calabuig-Williams -tras requerir la esposa tratamiento psicológico como consecuencia de la sensación de miedo producida por los hechos descritos- planteó una demanda en el Ministerio del Interior. Se invocó la responsabilidad patrimonial de la Admistración del Estado por daños morales, psicológicos, económicos y profesionales, evaluados en cinco millones.

Casi un año después, Interior desestimó la reclamación. Previamente, el servicio jurídico de tal departamento consideró acreditado que "la petición policial de identificación surgió de la creencia de estar ante una persona extranjera y que tal creencia se fundamentó, a su vez, en el hecho de que la interesada era de raza negra, sin que existiesen otras circunstancias o hechos que justificasen la intervención policial". El informe jurídico admitió que se había producido "la discriminación racial invocada", por lo que se mostró "favorable a que se resarzan los daños morales, si bien entiende excesiva la cantidad solicitada".

Interpuesto en 1994 recurso ante la Audiencia Nacional, el 13 de enero de 1997 fue notificada la sentencia que lo desestima. La resolución, de la que fue ponente el magistrado José Luis Requero, argumenta que, "teniendo órdenes los agentes actuantes de identificar a identificar: as los extranjeros que hubiese en la estación de ferrocarril de Valladolid, al ser la recurrente de raza negra, no era desproporcionado el requerimiento de identificación". Para Williams, la sentencia es "peor que la actuación de la policía, porque significa que los jueces autorizan e institucionalizan la discriminación por el color de la piel".