Ruiz-Gallardón quiere gastar 2.000 millones en un plan de ayuda a los inmigrantes

El PP ha buscado una receta para que los inmigrantes más necesitados consigan a partir del próximo año un techo. El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón pretende regalar a este colectivo un 75% del alquiler de sus viviendas y ha proyectado la apertura de ocho minirresidencias tanto para los que tengan su situación legalizada (que deberán pagar 20.000 pesetas al mes) como los ilegales (que tendrán acceso gratuito). La Comunidad calcula que son necesarios 2.000 millones para poner en marcha estas medidas. Ruiz-Gallardón quiere que la Unión Europea financie una parte.

Unos 94.000 inmigrantes viven en Madrid, según las cifras oficiales de la Comunidad. Más de la mitad, 50.000, llegan de países pobres y en vías de desarrollo. El 77% de los que trabajan se emplea en "los niveles menos atractivos del sector servicios". La mayoría sufre paro, ninguna cualificación profesional y escasa esperanza de conseguir un empleo estable. Conclusión: "Los inmigrantes resuelven el problema de la vivienda a través de situaciones infrahumanas mediante asentamientos ilegales de chabolas en condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad e higiene", señala Obras Públicas.El principal ejemplo de esta situación es el poblado de Boadilla del Monte, donde malviven en 400 chamizos un millar de magrebíes que carecen de agua corriente. La Dirección General de la Vivienda apunta otros inconvenientes: "Muchos inmigrantes comparten alquiler, lo que ocasiona situaciones de hacinamiento, con casos en los que una misma casa es compartida por tres familias distintas".

Otros inmigrantes ni siquiera tienen esa posibilidad, "debido a la exigencia por parte de los caseros de la presentación de un contrato de trabajo, que la mayoría no posee".

De la fría estadística, los dirigentes regionales extraen con secuencias para elaborar su remedio político: "Solucionando el problema de la vivienda se puede evitar la marginalidad de estas familias".

300 pisos, 8.000 solicitudes

Pero el problema es tan grave que la administración regional acaba por reconocer anticipadamente su derrota: "El número de viviendas sociales disponible en la Comunidad de Madrid no es suficiente ni siquiera para cubrir las necesidades de los madrileños". Por cada 300 pisos públicos disponibles hay 8.000 solicitudes, señala Obras Públicas. De las 2.255 viviendas adjudicadas por la Comunidad en los últimos dos años tan sólo 90 fueron ocupadas por inmigrantes, pese a que desde hace algún tiempo están equiparados en condiciones de absoluta igualdad con el resto de madrileños.La alternativa a este escollo presupuestario es la Unión Europea, a la que el gobierno regional va a solicitar subvenciones para su proyecto de integración de los inmigrantes.

Para elaborar su receta, Obras Públicas se ha fijado en el caso de Peña Grande. Un incendio en este poblado sensibilizó por primera vez a las administraciones públicas, que acordaron adjudicar a las familias más necesitadas una vivienda social y subvencionar dos años de alquiler al resto.

Ahora quieren repetir la experiencia durante cinco años con 600 familias de inmigrantes, a las que pretenden regalar durante periodos de dos años el 75% del alquiler de una vivienda. Son necesarios 864 millones. Para inmigrantes solos o parejas de adultos con situación legalizada o en vía de legalización la Comunidad han pensado crear minirresidencias de 400 metros cuadrados con 40 habitaciones individuales. La permanencia aquí sería por un máximo de un año, "con el objetivo de facilitar a sus ocupantes la búsqueda de soluciones autónomas de alojamientos". Les cobrarían 20.000 pesetas de media, Estos alojamientos serían gestionados por organizaciones no gubernamentales. En cinco años se abrirían cinco minirresidencias con una inversión total de 295 millones de pesetas, según el proyecto regional. Para inmigrantes ilegales se han previsto tres albergues de 60 plazas distribuidos por los municipios donde este colectivo ha levantado poblados chabolistas.

Las residencias ofrecerán gratis alojamiento, desayuno y cena, y permanecerán desocupadas entre las diez de la mañana y las seis de la tarde. Los albergues estarán localizados en el norte (60 plazas) y en el sur de la región (60) y dentro de la capital (180). Cuestan 200 millones.