Bolivia privatiza sus grandes empresas para capitalizar los fondos de pensiones
La adjudicación a dos gestoras españolas de los dos fondos de pensiones bolivianos, que funcionarán a partir de abril, culmina una de las mayores y más profundas transformaciones estructurales del Estado boliviano desde 1985. Los fondos de pensiones, cuya administración fue adjudicada a Invesco Argentaria y Provisión-BBV el pasado enero, se han capitalizado en parte con la privatización de cinco grandes empresas.
Los nuevos fondos reemplazarán al sistema "de reparto", vigente casi 50 años. Además de la privatización de empresas, los fondos cuentan con aportaciones de los afiliados al sistema, en cuentas individuales.El sistema pretende distribuir los beneficios de la privatización parcial de las' empresas públicas a todos los ciudadanos, desde que cumplan 65- años, mediante un bono anual de solidaridad, Bonosol- de unos 250 dólares (unas 35.500 pesetas). El monto puede no parecer significativo, pero sí lo es para campesinos cuya renta anual no suele pasar. en algunas zonas del país de los 100 dólares al año, menos de 15.000 pesetas.
La otra fuente de recursos serán las aportaciones de los afiliados a la seguridad social, en cuenta, individual. La rentabilidad de las inversiones que consigan las gestoras españolas se repartirá de forma proporcional a la aportación de cada uno.
Hasta 1985, Bolivia tuvo una economía centralizada. El Estado controlaba el 70% del sector productivo y era el primer empleador. La mayor. parte de las 150, empresas estatales arrojaba pérdidas. Muchas fueron liquidadas y otras 70 privatizadas.
Las seis mayores fueron privatizadas de forma parcial, mediante ampliaciones del 50% de su capital para dar entrada al sector privado extranjero. El 50% de las acciones que pertenecían al Estado boliviano han sido transferidas gratuitamente a los "ciudadanos elegibles", es decir, a todos los bolivianos con 21 años cumplidos al 31 de diciembre de 1995.
Esta participación permanecerá en el fondo de capitalización colectiva, ahora con un monto de 1.670 millones de dólares (unos 237.140 millones de pesetas). Sus beneficios llegarán a manos de cada boliviano a medída que, vayan cumpliendo los 65 años. Este límite de edad ha sido muy criticado por el hecho de que la esperanza de vida apenas llega a los 60, según los índices de desarrollo humano de organismos internacionales.
Los cambios en el país, incluida la transformación del sistema de pensiones, impulsados por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, han sido sistemáticamente rechazados por los trabajadores, con huelgas y manifestaciones callejeras. Los sindicatos temen que las reformas les perjudiquen o terminen por enajenar el patrimonio boliviano.
De hecho, las próximas semanas La Paz será escenario de nuevas manifestaciones de protesta y otras medidas de presión que preparan los dirigentes de la Central Obrera Boliviana para rechazar la ley de reforma de pensiones y exigir aumentos de salarios. El secretario de conflictos de la central, Vitaliano Mamani, ha declarado que una comisión analizará las reformas y proponndrá alternativas, porque "no queremos oponernos por oponernos".
