Polémica constitucional sobre el decreto-ley

, Uno de los pilares del debate fue la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto-ley convalidado ayer. En opinión del Grupo Socialista, el decreto es inconstitucional porque no se da la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que regula el artículo 86.1 de la Constitución y porque afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos contemplados en el título 1 de la Carta Magna. Según explicó Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz socialista en el debate, no se da la circunstancia de urgencia, ya que el plazo para trasponer a la legislación española la directiva europea había acabado en julio de 1996 y, en cambio, se cuestiona el derecho a la creación de medios de comunicación, que fue refrendada por el Constitucional en una sentencia de 1994, referida a la televisión por cable. En dicha sentencia, según Rubalcaba, "se afirmó expresamente que la regulación de una actividad como es la gestión indirecta de la televisión local por cable afecta al ejercicio de derechos fundamentales".

Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento, aseguró que "las circunstancias de urgencia y de extraordinaria necesidad corresponde apreciarlas al Gobierno bajo el control del Constitucional, y eventualmente, bajo el control político del Congreso".