Petición de 20 años de cárcel para Pinto Fontán por estafa y falsedad

El abogado de los vecinos de la urbanización Las Terrazas de Aravaca solicitan 20 años de cárcel por presunta estafa y falsedad para José Luis Pinto Fontán, el mismo constructor que dejó inacabadas en los setenta las torres de Nuevo Versalles, en Fuenlabrada. El juicio contra Pinto Fontán y otras cinco personas -entre ellas, un ex director regional de la Caixa en Madrid- se celebrará dentro de varias semanas en la Audiencia de Madrid. El fiscal no ha presentado cargos contra los imputados.

, La petición de 20 años no está relacionada con Nuevo Versalles, sino con otra urbanización -Las Terrazas de Aravaca, 450 viviendas de lujo- que supuestamente emprendió Pinto Fontán en la década de los noventa y que también dejó empantanadas y a medio hacer. Los compradores observaron que había irregularidades en las certificaciones de obras y en las escrituras de las casas: aseguran que se les obligó a pagar intereses bancarios no previstos. Algunos compradores se negaron a abonarlos y acudieron a los tribunales.Manuel Murillo, abogado de los afectados, ha solicitado al tribunal que cite para el juicio a 15 testigos. El juez David Cubero, instructor de la causa, decretó la apertura de juicio oral contra Pinto Fontán y otras cinco personas: Francisco Casals Ribes, ex director regional de La Caixa; los arquitectos Juan Mínguez Gómez y Carlos Pinilla Utrilla, y contra Carlos García Yanes y Anastasio Losada Aparicio, presuntos testaferros de Pinto Fontán.

Andrés Planas, abogado de Pinto Fontán, expresó ayer su convencimiento de que su cliente y el resto de los imputados van a ser absueltos por el tribunal. Recordó otro asunto penal del que también ha sido exonerado su cliente y condenados sus denunciantes al pago de las costas "por mala fe". Planas aseguró que si su cliente no se hubiese llamado Pinto Fontán el asunto de las Terrazas de Aravaca "no habría sido admitido a trámite".

No opina así el letrado de los afectados, Manuel Murillo, quien pide penas de entre 4 y 20 años para los imputados. Los hechos, señala en su escrito de acusación, son constitutivos de estafa y falsedad, al haberse certificado en una escritura pública la finalización de unas obras, en perjuicio de los compradores, sin que éstas ni siquera hubiesen comenzado.

Destaca el letrado que Pinto Fontán y Casals Ribes modificaron las condiciones de la hipoteca de los pisos e indujeron a técnicos de la sociedad promotora y de La Caixa a firmar certificaciones falsas sobre el estado de las obras. Según el letrado, Pinto Fontán pactó con La Caixa alterar una cláusula de la escritura que exigía la autorización de los compradores para la entrega por parte de La Caixa de 168 millones destinados a la obra. Dinero, según el letrado, que se entregó sin la obligada autorización y que nunca se invirtió en la obra.