Tres propuestas para la investigación

, Habrá con seguridad comisión de investigación parlamentaria sobre lo sucedió con las 600 actas de Hacienda pero se desconoce todavía cual será el objeto de la investigación. Los grupos parlamentarios intentan sorprenderse unos a otros rebuscando en la doctrina legislativa cualquier artículo que les permita arrimar el ascua a su sardina. La Mesa del Congreso dio ayer el visto bueno formal a que las tres peticiones puedan discutirse en el Pleno del Congreso de la próxima semana. De momento, la portavoz de Izquierda Unida, Rosa Aguilar, postula a su grupo para presidir la comisión al considerarse libres para actuar con imparcialidad.El PSOE se queda solo de momento en su pretensión de que en la citada comisión se conozca la identidad de los 600 titulares. Los demás, que se investigue el porqué de la demora y quien es responsable. El portavoz socialista, Joaquín Almunia, argumenta que, en virtud del artículo 113.1 apartado e de la Ley General Tributaria, una comisión parlamentaria puede conocer de manera secreta los nombres de los afectados para aclarar una investigación. La confusión aumentó ayer cuando los socialistas conocieron la interpretación que el portavoz de la Mesa, el vicepresidente Josep López de Lerma, de CiU, hacía de las posibilidades de investigación: Sólo se podrá conocer a los funcionarios públicos afectados.

Al conocer esta interpretación, el portavoz socialista se dirigió por carta al presidente del Congreso, Federico Trillo. Se pide al presidente que aclare la situación. La vía de un informe jurídico de los letrados les parece la forma más oportuna. A la tesis de un texto técnico de estas características se suma también Izquierda Unida. Los letrados con toda la doctrina sobre la mesa podrían dilucidar las características que puede tener la comisión.

De momento, no se han dado instrucciones a la secretaría general del Congreso para que emprenda esta tarea por lo que las cosas siguen su curso y será el Pleno el Congreso quien someta a votación las tres propuestas. La primera firmada por PP, CiU y Coalición Canaria, en la que se pone el énfasis en conocer las posibles negligencias políticas. Izquierda Unida con el apoyo del grupo mixto no prejuzga pero quiere saber qué ha ocurrido. El PSOE, por último, pretende demostrar que no favoreció a sus amigos y considera indispensable que los comisionados conozcan a las personas incursas en la investigación.