El Gobierno aprobó en secreto suprimir puestos de trabajo en la Administración

El Consejo de Ministros aprobó en sigilo el 27 de diciembre un acuerdo, del que no se dio cuenta en la referencia oficial ni fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para suprimir vacantes en la Administración y cuya consecuencia es el bloqueo de la movilidad de los funcionarios. Los cargos de libre designación quedan exentos. El acuerdo ha sido acogido con perplejidad por los sindicatos, que señalan que el PP insistió en sus promesas electorales en reducir la cabeza de la Administración.

El secreto del acuerdo ha sorprendido a los representantes sindicales de los funcionarios. Juan Macein, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, manifestó ayer que se enteró del mismo el lunes pasado, casi un mes después de su aprobación, en una reunión de la Mesa de la Función Pública. Marta Puig, responsable de Comisiones Obreras (CC OO), señaló que tuvo conocimiento del acuerdo a través de los propios gestores de la Administración, preocupados por el asunto, pero no a través del Gobierno. "El Gobierno sigue la política de hechos consumados. No negocia. Decide y más tarde informa en su mejor estilo paternalista", dijo Macein.El acuerdo fue aprobado después de que el secretario de Estado de Administración Pública, Francisco Villar, enviara una carta a todos los ministerios en la que manifestaba su preocupación por el crecimiento de los niveles más altos de la Administración -los 28, 29 y 30- y llamaba a su contención.

Según el texto del acuerdo, "las relaciones de puestos de trabajo de los ministerios, sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social no podrán incluir puestos que no cuenten con la correspondiente cobertura presupuestaria, por el importe de su coste íntegro anual, en el respectivo capítulo primero del presupuesto de gastos".

El acuerdo excluye de esta supresión a los cargos de libre designación: subdirectores generales o titulares de unidades orgánicas con rango de subdirección general; directores o jefes territoriales de los ministerios, organismos o entidades de ámbito de comunidad autónoma o provincial; secretarios generales de las delegaciones del Gobierno y gobiernos civiles; los puestos adscritos en exclusiva a un determinado cuerpo en las intervenciones territoriales o delegadas de la Intervención General de la Administración del Estado y en los Servicios Jurídicos del Estado; los puestos de trabajo de los gabinetes del presidente, de los vicepresidentes, de ministros y secretarios de Estado, así como los puestos de secretarías del presidente, de los vicepresidentes, de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores generales y subdirectores generales.

Recortes por abajo

UGT y CC OO critican el acuerdo por considerar que elrecorte se hace por abajo y no por arriba, de manera que el escaso presupuesto sólo puede beneficiar a los cargos de libre designación. Juan Macein y Marta Puig coinciden en que la congelación de vacantes traerá como consecuencia un bloqueo de la promoción de los funcionarios y una esclerotización de la Administración. Esta congelación puede afectar a unos 15.000 puestos vacantes, según los propios sindicatos. El Gobierno replica que son puestos vacantes sin dotación presupuestaria.

El acuerdo adopta asimismo una decisión insólita: centraliza las decisiones de todos los ministerios sobre provisión de vacantes en el secretario de Estado de la Administración Pública, Francisco Villar. "En tanto se aprueban las nuevas relaciones de puestos de trabajo, conforme a lo establecido en el presente acuerdo, la provisión de los puestos de trabajo vacantes por los procedimientos de concurso de méritos, comisión de servicios o adscripción provisional, precisará de informe favorable del Ministerio de Administraciones Públicas", dice.