Protagonismo para las autonomías y los usuarios

Dice la Ley de Aguas en su artículo 44 que las obras públicas hidráulicas "que sean de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma habrán de ser aprobadas por Ley e incorporadas el Plan Hidrológico Nacional (PHN)". A la vista de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Itoiz y de las pocas prisas del PP por aprobar el PHN, la ausencia de está cobertura jurídica deja en desamparo legal cualquier infraestructura de las recogidas en el artículo mencionado, como las presas, los trasvases y las canalizaciones.En la ley de acompañamiento ya se ha colado la declaración de interés general de cuatro presas y la canalización del río Siero en la Coruña, para que puedan tramitarse al menos durante el presente ejercicio.

Esta chapucería de recurrir al amparo de la ley de acompañamiento, donde todo cuela sin dar ocasión a debates parlamentarios en profundidad y dudosa constitucionalidad, ya fue practicada por el PSOE en anteriores legislaturas. Camuflaba obras relevantes de carácter excepcional en los decretos leyes de la sequía, que difícilmente hubieran pasado el filtro de una tramitación parlamentaria sosegada.

Con el nuevo rumbo que el PP quiere implantar a estos procedimientos, las obras que por su envergadura y trascendencia requieran la intervención estatal, no serán declaradas de interés general por iniciativa del Gobierno.

Medio Ambiente propone que sean otras administraciones, las comunidades autónomas y las locales, o los propios usuarios, quienes justifiquen la necesidad de una infraestructura hidráulica y protagonicen la solicitud de declaración de interés general. El Estado se reservaría esta iniciativa sólo para los casos muy excepcionales.

Autonomías

Una vez dado este paso, la propia ley de acompañamiento abre la vía para que sea la iniciativa privada quien se haga cargo de construir las desaladoras o las infraestructuras y cobre por su uso unas tarifas especificadas en los contratos de concesiones, que en ningún caso podrán exceder el periodo de 75 años.El borrador de la reforma de la Ley de Aguas donde se refuerza el papel de las autonomías y los usuarios, no ha sido sometido a discusión con otros partidos políticos, el Consejo Nacional del Agua, ni los representantes de las Comunidades Autónomas, representadas en de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a pesar de su inmediata remisión al Consejo de Ministros.

Las propias Confederaciones Hidrográficas tampoco han sido consultadas.