Sólo 60 de las 8.000 personas que acudieron a la oficina 'antisubasteros' lograron piso

Sólo unas 60 de las cerca de 8.000 personas que han acudido a la oficina antisubasteros de la plaza de Castilla lograron adjudicarse un piso, según cálculos de ese departamento. Tan reducido porcentaje -menos del 1%- obedece a los muchos obstáculos que hallan las personas de buena fe interesadas en pisos baratos para burlar a los amañadores de pujas -los subasteros- y sortear las trabas legales.Los juzgados de la región subastaron, sólo el año pasado, más de 3.000 inmuebles -pisos, garajes...-, que salen a licitación a precios muy inferiores al mercado. Gran parte de esos inmuebles, sin embargo, siguen estando acaparados por subasteros, provistos de inmobiliarias, y acreedores: los bancos.

El hecho de que apenas un 0,7% de las personas que acudieron a esa oficina consiguiera el piso no es imputable a este departamento, según fuentes jurídicas. El 2 de febrero hará dos años que nació esta oficina, a cuyo frente figuran dos abogadas, fruto de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Comunidad y el Colegio de Abogados. Se le asignaron dos cometidos: informar a los ciudadanos, personalmente o mediante anuncios en periódicos (ver páginas 8, 9 y 10 de este sumplemento) de los inmuebles que los juzgados sacan a subasta -día, hora, extensión del piso, cargas... -; y explicarles los pasos que debían dar para intervenir en una puja. Los objetivos se han cumplido, pero no el fin último, que gente necesitada obtenga un piso barato.

Pensaron los diseñadores de esta oficina que acabarían con los subasteros, haciéndoles competencia, si conseguían nevar a las pujas a ciudadanos de buena fe. No ha sido así. El ojo avizor de los profesionales (cerca de una veintena están condenados por amañar pujas) no descansa. No pueden impedir que alguien participe en una subasta, pero sí disponen de dinero para pujar al alza y aburrirle. Sus chanchullos, además, se ven favorecidos por la actual legislación.

¿Qué ocurre? La mayoría de las 8.000 personas que ha desfilado por la oficina (sin contar otras 2.200 que pidieron información por teléfono) son parejas jóvenes y con poco dinero. Para participar en una puja, la ley impone que se consigne un 25% del precio de salida del inmueble antes de la puja. Si, por ejemplo, una pareja tiene suerte y logra burlar a los subasteros, el resto del dinero debe depositarlo en un plazo de ocho días desde la adjudicación. Si no, se anula la adjudicación y la pareja pierde el dinero consignado.

Al tratarse de gente con escasos recursos, lo normal es acudir al banco y pedir un crédito hipotecario. Aquí surge una de las grandes pegas: los bancos son extremadamente reacios a conceder un crédito hipotecario para un piso de subasta. Pero si lo consigue, la pareja debe franquear otro obstáculo: el plazo de ocho días resulta insuficiente para formalizar el papeleo bancario y conseguir el dinero. A todas estas trabas, se suma, además, otra: el piso subastado no se puede ver. Suele estar habitado por el antiguo propietario, el deudor (el bicho, dicen los subasteros), y hay que esperar a que el juez ordene el desalojo. Como el deudor no tiene adónde ir, hay que hacerlo por la fuerza. El desalojo, pues, suele tardar seis o siete meses. Es decir, esa pareja habría comprado un piso que ni siquiera ha visto y comenzaría a pagar el crédito antes incluso de ocuparlo. Los subasteros tienen menos problemas: les sobra tiempo y dinero, y lo mismo les da esperar, según dijo uno a este periódico, "seis meses o un año".

Jueces de Madrid próximos a las subastas de pisos entienden que la única forma de acabar con los profesionales y favorecer el reparto de los pisos de subastas pasa por una reforma legal que, por un lado, amplíe el plazo de ocho días, y, por otro, permita que los pisos sean subastados una vez que estén vacíos, de tal forma que el adjudicatario salga del juzgado con la llave en la mano.