El ahorro de 79.000 millones en altos cargos prometido por el PP se queda en solo 480

La reforma de la Administración central propiciada por el Gobierno del PP ha fracasado. Al cierre del año, coincidente con los ocho meses de la llegada de los populares a La Moncloa, los resultados son tajantes. Los 79.000 millones de pesetas de ahorro en altos cargos prometidos en la campaña electoral han quedado reducidos a sólo 40 millones mensuales (480 anuales), según datos inéditos procedentes de la propia Administración y que reflejan la evolución, de enero a diciembre, de las cifras del gasto. En este balance de fin de año se aprecia ya no sólo una reducción, sino un aumento del gasto del personal laboral y de las retribuciones por complementos de productividad y gratificaciones.

La bandera de la reducción del gasto en la Administración enarbolada por el PP en la oposición como una de sus principales señas de identidad se ha ido. al traste. En diversos momentos de su etapa de oposición, los populares prometieron drásticas reducciones del gasto público cuando llegaran al Gobierno, e incluso llegaron a manifestar que con su prevista reforma de la Administración bajaría el déficit público.Sus promesas más importantes las realizaron, en primer lugar, en octubre de 1992, cuando el responsable de la Administración Pública del PP, Manuel Núñez, defendió una enmienda a los Presupuestos del Estado que, con la reducción de 5.000 altos cargos, cuyo concepto era confuso, ahorraría 120.000 millones de pesetas anuales.

La segunda promesa del PP data de junio de 1994, cuando el portavoz parlamentario del entonces primer partido de la oposición, Rodrigo Rato, propuso un proyecto de Ley del Gobierno y de la Administración del Estado que supondría un ahorro de 79.000 millones, con la consiguiente supresión de 5.000 altos cargos.

Pasados ocho meses desde la entrada del PP en el Gobierno, y cerrado el proceso de reforma de la Administración central, el balance que arrojan los datos de la propia Administración es muy significativo. La reducción del gasto por altos cargos -entendiendo como tales desde directores generales a secretarios de Estado- ha pasado de unos 285 millones de pesetas de media mensual en la última etapa socialista, a los 244 millones actuales de gasto, esto es, un recorte de sólo 40 millones mensuales.

El cálculo se ha realizado comparando el promedio entre enero y abril, que corresponde a la última etapa socialista, y entre julio y diciembre, correspondiente a los seis últimos meses del Gobierno del PP. Los meses de mayo y junio fueron de transición al producirse el relevo del Gobierno. En esos dos meses se produjo la reducción de direcciones generales -la medida de reforma de la Administración más importante adoptada por el Gobierno del PP-, que pasaron de 316 a 250.

El balance refleja también que el personal eventual, esto es, de libre designación por el Gobierno, no se ha reducido en contra de lo prometido por José María Aznar cuando lideraba la oposición. El promedio de enero a abril, que corresponde a la etapa socialista, es similar al de julio a diciembre, con el PP en el Gobierno. La cifra supone alrededor de los 138 millones mensuales. Se ha producido, asimismo, un aumento del gasto del personal laboral: de 10.419 millones a 11.880.

Es especialmente relevante el aumento del gasto en complementos de productividad y gratificaciones, cuya media pasa de 2.557 millones, de enero a abril, a 2.619 en los últimos seis meses. La importancia de este concepto es que es discrecional del Gobierno y se produjo precisamente cuando el Ejecutivo del PP decidía la congelación salarial de los funcionarios para 1997 como forma de contribuir a la reducción del déficit.

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, ya vaticinó un resultado de estas características en la reforma de la Administración Central cuando a partir de septiembre puso el acento en su discurso en la contención del gasto y no en la reducción que el PP había proclamado durante su etapa de oposición. Rajoy insistió a partir de ese momento en que la reforma tendrá más calado en la Administración periférica del Estado, que se ejecutará a lo largo de este año.