Hacienda ya no es de nadie

El Gobierno del PP ha hecho un mal servicio a Hacienda y a los ciudadanos, que muy pronto pagará. Hacer creer que los inspectores aceleran o retrasan los expedientes, según los dictados de los políticos, no sólo es injusto y temerario, sino que es querer desconocer cómo funciona la Administración. Afirmar que la Administración ha dejado de ingresar 200.000 millones porque se ha beneficiado a 600 contribuyentes tiene mucho gancho político, pero descorazona a los funcionarios y escandaliza a los contribuyentes. Lo peor de este asunto es que ha puesto al descubierto la ineficiencia del propio Gobierno.Supongamos que fuera verdad. Que los socialistas favorecieron a sus amigos gracias a sus bien domesticados funcionarios. Esto plantearía infinidad de cuestiones: ¿Qué ha hecho el PP para recuperar este dinero? ¿Qué dirá el Gobierno cuando mañana salga una sentencia sobre cualquier otra materia fiscal que anule las actuaciones de sus funcionarios? ¿Qué pasa con los funcionarios que siguen siendo los mismos que había con el PSOE: actuarán según los criterios del PP? ¿Cómo reaccionarán los contribuyentes cuando vean que se les sanciona cuando se pasen un plazo para pagar o declarar?

El Gobierno actual tiene información por escrito de todo este asunto por la Administración saliente desde mayo pasado. ¿Por qué el abogado del Estado actúa ahora y no en mayo cuando el Gobierno ya tenía toda esta información? Por tanto no ha descubierto nada nuevo ahora. ¿Qué ha hecho desde entonces para recuperar el dinero? Nada. ¿Por qué no ha recurrido el artículo 31 del Reglamento de Inspección que impediría que las actas afectadas aún no perdidas se perdieran? A juicio de Alfonso Gota -magistrado que presentó un voto particular en la sentencia del Tribunal Supremo-, el citado artículo del Reglamento "es nulo de pleno derecho por infringir el artículo 66 de la Ley General Tributaria". ¿No es obligación de la Administración actuar aplicando las leyes y seguir el criterio jurisprudencial vigente? Porque el problema de fondo no es si Hacienda actuó dentro o fuera de plazo.

El debate está entre dos posiciones técnicas, cada una apoyada por fuertes argumentos jurídicos. Una sostiene que si las oficinas técnicas dejan pasar seis meses sin actuar, prescribe la deuda. La otra, que no existe límite de tiempo. La situación es tan controvertida que en 1994, la Audiencia Nacional falló dos veces a favor de Hacienda y una en contra. Los funcionarios han aplicado el criterio jurisprudencial vigente. Utilizar este debate técnico con intereses políticos es una manipulación.

¿Qué pasará si mañana un tribunal anula otras actuaciones de la Administración de Hacienda del PP? No es una cuestión baladí. ¿La Administración del PP cumple los plazos legales? ¿Desde cuándo? El artículo 60.4 del Reglamento General de Inspección de los Tributos establece que el inspector jefe tiene el plazo de un mes para levantar el acta de acuerdo de liquidación. No seis meses. La ley fija un mes de plazo. Esto se incumple siempre, pero la ley no establece consecuencias por ello. Pero se incumple la ley.

Un día, un tribunal puede ver las cosas de otra manera, considerar que ha habido un vicio en el procedimiento y anular todas las actuaciones de Hacienda. ¿Se le ocurriría a alguien decir que los funcionarios han actuado de forma negligente porque no cumplieron los plazos? Se podrá decir cualquier cosa, pero no una negligencia por tal o tales 600 casos concretos.

El PP ha perdido una gran oportunidad para hacer una reflexión seria sobre los problemas de Hacienda, que los tiene y muchos. Podría haber hecho una dura crítica al PSOE y no le habrían faltado argumentos. Para empezar, ¿es admisible que en 1993 hubiera 159.285 causas pendientes en los distintos tribunales económicos administrativos? ¿Son digeribles estas cifras para la Administración y los tribunales? Esto exige una maquinaria impresionante de actas, recursos, sentencias... ¿Es eficiente una Administración sepultada de papeles? En España hay cinco veces más inspecciones que en el Reino Unido y cinco veces más enfrentamientos con la Administración que en Estados Unidos, según Alejandro Arráez. ¿Por qué tanto litigio? En España se recurre casi todo. Tiene su lógica por el permanente cambio de legislación. La maraña legal fiscal es de locos. En el breve tiempo que lleva mandando el PP, las normas sobre inversiones han cambiado tres veces. El mejor abono para fomentar más pleitos.

El PP tiene un campo inmenso para mejorar la recaudación y la gestión de los impuestos. Deberá empezar por restablecer la buena imagen de Hacienda y sus funcionarios. Aunque no cumpla sus promesas de rebajar los impuestos, al menos que defienda consecuentemente lo que, creíamos, es patrimonio de todos.