¿Para qué privatizar?

Los Gobiernos de todo el mundo han visto en las privatizaciones un instrumento necesario para sanear las finanzas públicas, aumentar la eficiencia del aparato productivo, extender la propiedad de las empresas a un mayor número de ciudadanos y limitar el poder del Estado sobre la economía. La privatización es, por tanto, una reacción a la tendencia estatalista iniciada después de la II Guerra Mundial. Los Estados han engordado mucho y los porcentajes de gasto público sobre el PIB no se han reducido significativamente en casi ningún país del mundo (Nueva Zelanda o Chile son excepciones, por ejemplo).En una ocasión le preguntaron a Felipe González, entonces presidente del Gobierno, su opinión respecto de las empresas públicas. Su respuesta fue: "Son como tener un elefante en el patio de una casa". A pesar de representar a un partido socialista, bajo su Gobierno se realizaron, sin un plan explícito y sin objetivos concretos, 77 privatizaciones. El Gobierno socialista decidió desprenderse de ciertas participaciones en empresas públicas más con el fin de "hacer caja" que en búsqueda de una mayor eficiencia productiva.

En cambio, las nuevas privatizaciones que se han puesto en marcha por el Gobierno de José María Aznar, parecen parte de un programa político más homogéneo que pretende la modernización de la economía. Los grupos políticos de izquierda y sindicatos que aceptaron las privatizaciones bajo Felipe González, por emanar de un gobernante del mismo partido, ahora se oponen a las privatizaciones anunciadas.

La privatización no es una tendencia neoliberal, sino una política económica necesaria para fortalecer al Estado al reorientar sus actividades hacia el bien común. El bien común consiste fundamentalmente en crear las condiciones de paz, justicia y libertad para que cada uno de los miembros de la sociedad realice sus aspiraciones personales.

Las empresas estatales desvían valiosos recursos que han impedido en casi todo el mundo, tanto en los llamados países capitalistas como en los antiguos países socialistas, que el Estado cumpla con sus verdaderos y naturales objetivos. En este sentido, el Gobierno de España no ve más soluciones: o se sanean las empresas públicas para su posterior privatización (o continuidad en manos públicas) o se cierran. Por muy duro que parezca.

La economía actual no está para que los Presupuestos Generales del Estado sigan soportando, año tras año, la carga de unas pérdidas cuyo final nadie se atreve a pronosticar y que no hacen otra cosa que desmotivar la gestión al amparo del subsidio.

Para velar por la transparencia, concurrencia y publicidad de las privatizaciones el Gobierno ha creado un Consejo Consultivo de Privatizaciones, compuesto por nueve catedráticos de universidad independientes (no afiliadas a ningún partido político con excepción del presidente).

Las ventas de empresas estatales durante la presidencia de Felipe González no fueron muy transparentes. De ahí que lo verdaderamente novedoso de la política privatizadora del Gobierno de Aznar es la transparencia con que se está desarrollando el proceso, y la definición de un plan concreto y explícito en el que enmarcar las sucesivas ventas de empresas.

De una manera muy resumida y general los objetivos que se están intentando conseguir con las privatizaciones son:

1. Desregular la economía con el fin de iniciar o incrementar la competencia en determinados sectores (telecomunicaciones, eléctrico, hidrocarburos, minería, etcétera). De esta forma se intenta conseguir que el mercado estimule la economía, permitiendo un mayor crecimiento. Los menores costes provocados por la desregulación y por la mayor competencia incrementarán la productividad y la eficacia de las actividades empresariales, mejorarán la calidad y diversificarán la oferta de los bienes y servicios. Por tanto, las privatizaciones pueden generar fuertes incrementos de la producción y de la productividad en los sectores y empresas públicas monopolizadas por el Estado, introduciendo incentivos para invertir y producir más y mejor como consecuencia de la competencia. Ello va a suponer una mejora para los consumidores, que podrán disfrutar de más y mejores bienes y servicios.

2. Reducir las distorsiones económicas provocadas por las interferencias políticas en el sector público empresarial. Se trata, en definitiva, de evitar la politización de nombramientos de presidentes, consejeros y directivos de las empresas públicas. De esta forma se eliminan las distorsiones provocadas por la politización en la gestión empresarial.

3. Reducir deuda pública. La Comisión Europea mantiene la postura de que ningún ingreso por privatizaciones debe ser computable para disminuir el déficit público. Para ello se apoya en la lógica económica de la contabilidad. La venta de un activo (privatización de una empresa pública) debe ir, en ortodoxia contable, a reducir pasivos (deuda pública) y no a aumentar los ingresos corrientes. Además el cumplimiento del objetivo de déficit público en 1997 si no está basado en una reducción del déficit estructural entraña el evidente peligro de que en 1998 el déficit vuelva a crecer. Privatizar para reducir deuda pública sólo tiene sentido si el ingreso obtenido por el Estado por la venta de la empresa es igual (o mayor) que el valor de sus flujos de caja futuros actualizados. Y, en principio, los compradores sólo estarán dispuestos a pagar ese precio si esperan que el cambio de propiedad se traduzca en una gestión más eficiente de la empresa. Evidentemente, no se trata de privatizar para hacer caja, sino de modernizar el tejido productivo y mejorar la eficiencia empresarial.

4. Las privatizaciones no sólo contribuyen a reducir parte de la deuda pública, sino que también reducen el déficit público al quedar eliminados los déficit operativos (subvenciones) que las empresas públicas con pérdidas suponen para las arcas del Estado. Si además, y tal como se ha demostrado, las empresas una vez privatizadas realizan una mejor gestión empresarial se podrán cobrar mayores impuestos por los beneficios mayores que generan.

En 1979, en el Reino Unido, los préstamos y pérdidas de las compañías del Estado eran de 3.000 millones de libras al año. En cambio entre 1989 y 1990, las compañías privatizadas por el Gobierno de Thatcher engordaron las arcas del Estado en unos 2.000 millones. Evidentemente, habría que restar el gasto público generado por los subsidios de paro provocado por el ajuste de plantilla que en algunas ocasiones acompañan a las privatizaciones. Sin embargo, el Reino Unido tiene una de las tasas de paro más bajas de Europa.

5. Desarrollar los mercados de capitales nacionales. En el caso de España con una Bolsa relativamente estrecha las privatizaciones podrían aumentar la capitalización bursátil. Si relacionamos la capitalización bursátil con el PIB observamos que España tiene un ratio bajo un 30%, frente a un 130% del Reino Unido, 90% de Holanda y Suecia o un 40% de Francia, Dinamarca o Bélgica.

6. Por último, las privatizaciones pueden permitir extender el universo de población propietaria de acciones (capitalismo popular) y aumentar la participación de los empleados en la propiedad de la empresa.

Los analistas del Banco Mundial han realizado un estudio de rentabilidad de empresas privatizadas en cuatro países. En este estudio se comparan los resultados posteriores a la privatización, con los resultados estimados de las empresas si éstas no hubiesen sido privatizadas, reajustando los resultados para no tener en cuenta factores externos tales como la mejora general de las condiciones económicas. El conjunto de las empresas presenta un aumento del 26% de su volumen de negocio con respecto al año anterior a la privatización. Algunos de los factores más destacados que explican este incremento son la política más agresiva de inversión de la entidad privatizada y la mejora de la productividad. Para el caso de España la evolución, en los últimos años, de las cotizaciones de las empresas privatizadas mediante oferta pública de venta permite, en general y en comparación con otros países, hablar de un éxito considerable.

Un estudio internacional realizado por el profesor Raymond Vernon (Universidad de Harvard) pone de manifiesto que allí donde se privatizó hace tiempo y hay historia posprivatizadora, los resultados son excelentes (si bien, no todas las privatizaciones han tenido éxito). Sin embargo y a pesar de estos resultados tan positivos, otros estudios realizados apuntan a que las mejoras en eficiencia no dependen, en gran parte, del tipo de propiedad (pública o privada), sino, más bien, de otros factores ligados a las privatizaciones, como la existencia de competencia para la empresa, la adopción de mejoras técnicas de gestión y de una estructura organizativa que permita a la empresa desenvolverse en un marco jurídico, laboral y financiero idéntico al de las empresas privadas y, por tanto, sin intervenciones políticas a la hora de tomar decisiones.

Los efectos sobre la situación financiera del Estado son complejos de evaluar. Una privatización no consiste sólo en un programa político y económico, sino que, también, supone una transacción financiera. La cantidad de dinero transferida, aunque sustancial en términos absolutos, suele ser relativamente pequeña en comparación con las cifras que manejan los presupuestos estatales, y las ventajas para los Gobiernos son a largo plazo. Los efectos sociales de las privatizaciones pueden ser directos, como la participación de los trabajadores en el capital de la empresa o la creación de empleo duradero a largo plazo, o indirectos, como la mejora de algunos servicios estatales mediante el ahorro en las cargas al presupuesto nacional de servicios privatizados.

La globalización de los mercados y la mundialización de la economía hace que la sustracción de la actividad empresarial a las leyes del mercado tenga efectos más graves y negativos que en el pasado. Sólo desde esa óptica es posible el logro de la racionalización, la eficiencia y la modernización, reconvirtiendo todo lo drásticamente que sea necesario la actividad productiva del sector público y privatizando todo lo que no tiene ningún fundamento para permanecer en el ámbito público.

El sector público no tiene porqué fabricar aluminio ni pasta de papel ni buques ni generar energía. Es poco defendible que el Estado se dedique a esas actividades industriales, y privatizarlas es lógico. Eso sí, hay que hacerlo bien, con el ritmo y las técnicas correctas, y a precios adecuados.