Ruiz-Gallardón aprueba una ley contra el fraude en los arrendamientos

La ley de fianzas ha llegado a la Asamblea de Madrid y amenaza a los propietarios de inmuebles que los alquilan sin depositar la fianza en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha redactado un texto que pretende evitar fraude en los arrendamientos que se produzcan la región. Entre otras medidas, la nueva normativa establece sanciones de hasta 15 millones para los infractores.

El casero está obligado por esta ley a cobrar una fianza al inquilino similar a la cuantía de un mes del precio de alquiler de la vivienda, o de dos meses si se trata de oficinas, locales comerciales, naves industriales o fincas rústicas.Ese dinero de la fianza recaudado por el arrendador debe ser depositado en las arcas regionales, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hasta que se proceda a su devolución por la rescisión del contrato de arrendamiento.

Los intereses devengados por ese depósito son utilizados por la consejeria de Obras Públicas para hacer viviendas con el fin de realojar a chabolistas, conseguir techo a los más jóvenes y rehabilitar pisos antiguos del patrimonio público, según señala la exposición de motivos del proyecto de ley que ayer se registró en la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación definitiva.En 1996, los ingresos por este concepto alcanzaron los 2.850 millones de pesetas, lo que significa que el negocio de los alquileres, sólo en fianzas, superó los 30.000 millones de pesetas.

En la ley regional se prevén sanciones de hasta 15 millones para aquellos arrendatarios que no depositen la fianza en el Ivima; que no exijan a sus clientes la fianza o impongan una cuantía inferior a la legalmente establecida; o que no colaboren con los inspectores y no aporten los documentos que, les soliciten.

Inspectores comisionistas

El gerente del Ivima, Juan José Franch, asegura que la nueva ley pretende modificar el antiguo sistema de control para evitar fraudes. Antes, una serie de comisionistas (en torno a cinco) llevaban directamente al Ivima las actas sobre fraude y cobraban una comision por ello.Con la entrada en vigor de esta ley, esa función corresponderá a empleados propios del Ivima, en torno a 10. Además, pretende este organismo informar a los usuarios sobre sus deberes y derechos para evitar el fraude."En este momento, yo diría que la mayoría de las viviendas que salen a alquiler incumplen el requisito de depositar la fianza en nuestras dependencias. Sólo las oficinas, locales comerciales y naves industriales cumplen las condiciones. Cuando nuestro mecanismo de inspección esté más rodado, intensificaremos las campañas para evitar el fraude".

En la Comunidad de Madrid existen 1.928.940 viviendas, según el último censo. Sólo el 15% (289.200) están alquiladas. Y de está cantidad, el 70% tienen la renta congelada desde hace años. Según estos cálculos, sólo existirían 90.000 viviendas en el mercado de los arrendamientos sujetas al depósito de la fianza.