Hacienda adjudicara a empresas privadas la información telefónica y la declaración de renta

La Agencia Tributaria ha sacado a concurso el servicio de información telefónica al contribuyente, así como la creación de unidades de apoyo para confeccionar las declaraciones de renta a quienes lo soliciten. La contratación de ambos servicios, a la que accederán empresas privadas, supone 408 millones de pesetas y 1.140 millones, respectivamente. El sindicato UGT denunció ayer lo que considera una privatización de ambos servicios por "poner en peligro el derecho a la intimidad del contribuyente". Hacienda niega este extremo y asegura que siempre será la última responsable.

El anuncio de los dos concursos apareció en el BOE el pasa do 24 de diciembre. El primero de ellos tiene un presupuesto de 408 millones y su objeto es el servicio telefónico de información tributaria básica para 1997 y 1998. Ese servicio, atendido hasta ahora por funcionarios de Hacienda lo ejercerá la empresa privada que resulte adjudicataria mediante su propio personal. El otro concurso tiene un presupuesto total de 1.140 millones y su objeto, según se expresa en el BOE, es la confección de declaraciones de renta-1996; es decir, las que se presentarán en junio de 1997.Según fuentes de Hacienda, en ambos casos se trata de dar satisfacción a una demanda hasta ahora insuficientemente cubierta por los efectivos de Hacienda. En los últimos días del plazo para presentar la declaración, tanto el servicio telefónico como las delegaciones donde los contribuyentes acuden para que Hacienda les rellene los impresos y les haga las cuentas "se desbordan", en especial en las grandes ciudades, según las mismas fuentes.

El servicio telefónico de información se prestará este año por una empresa privada en su totalidad, mientras que para la confección de las declaraciones de renta se utilizará el apoyo también de empresas privadas, además de los propios efectivos de Hacienda. Estas empresas desarrollarán su labor en locales propios y con personal de su plantilla, si bien bajo el emble-ma y la responsabilidad última de la Agencia Tributaria. Los horarios de atención al público en ambos casos serán de. las 9.00 a las 21.00 horas.

El sindicato UGT, que ayer desveló públicamente el hecho, cree que se trata de una clara "privatización". La Federación de Servicios Públicos del sindicato considera que esta medida "atenta contra el derecho a la privacidad del contribuyente, puesto que no es posible controlar si estas empresas confeccionan una lucrativa base de datos con informaciones de cuya reserva, hasta ahora, se responsabilizaba la propia Agencia Tributaria".

Según UGT, en una época en la que se extreman las medidas de contención del gasto público "no está justificado que la Administración destine esta partida presupuestaria [más de 1.500 millones de pesetas] a una labor que venían desempeñando los empleados públicos de forma eficaz y con un estricto cumplimiento de los objetivos marcados desde el propio Mi-nisterio de Economía". Además, continúa UGT, la Administración correrá con el gasto derivado de la formación que los propios empleados públicos deberán impartir a los 1.300 trabajadores que "aproximadamente deberá contratar la empresa adjudicataria".

Hacienda señala que ya se venía utilizando en los dos últimos años el apoyo de bancos y cajas de ahorros donde los contribuyentes podían acudir para que se les confeccionaria la declaración de renta.