El alcalde dice ahora que no "se ha derrochado nada" en el COM 92

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, negó ayer repetidamente que durante la organización y la gestión de la capitalidad madrileña de la cultura, en 1992, "se perdiera ni una peseta". Un informe del Tribunal de Cuentas, que el alcalde conoce, especifica, apartado por apartado, cómo se despilfarraron 400 millones: conciertos que nunca se celebraron pero que costaron 20 millones; adjudicaciones de contratos a una empresa por valor de 111 millones que sabía de antemano que iba a ser la favorecida pese a que era la más cara; orquestas que no dieron ni una nota pero que costaron 11 millones; horas extraordinarias pagadas a funcionarios que no se justificaron; adquisición de 250 entradas para un concierto de Michael Jackson que costaron un millón de pesetas y que se pagaron en concepto de "publicidad".Cuando al alcalde, que ocupó desde el segundo semestre de 1991 la presidencia del Consorcio para la Organización de Madrid 92 (COM 92), se le especificaron ayer algunos de estos ejemplos, sacados del informe del Tribunal de Cuentas, respondió: "No ha habido ninguna irregularidad, y si hay alguna duda, pregunten al Tribunal de Cuentas". Precisamente el Tribunal de Cuentas, tras inspeccionar la contabilidad del COM 92, ha decidido abrir 10 investigaciones minuciosas sobre determinados asuntos (la concesión del contrato de los 111 millones, por ejemplo) ya que estima que, además de mala gestión, puede existir 11 responsabilidad contable".

Unanimidad

En el COM 92 estaban representados todos los partidos políticos. "Todos los acuerdos se tomaron por unanimidad", dijo ayer el alcalde. En la comisión ejecutiva, órgano que debía velar por las decisiones del director general del COM 92, Pablo López de Osaba, también comparecían vocales de las tres fuerzas políticas. Un miembro del equipo de gobierno, del PP, manifestó ayer: "La gestión era responsabilidad del director general; del secretario, Mario Corella [que daba fe de la legalidad de los actos]; del interventor, Vicente Arnau [que revisaba las cuentas], y del director económico, Norberto Tena, los tres últimos pertenecientes al Ayuntamiento".Por su parte, el socialista Joaquín Leguina, vicepresidente del COM 92, recuerda que ese consorcio era un ente de régimen local y la gestión administrativa era responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid. "No vale que el alcalde eche ahora balones fuera, porque el secretario general del Ayuntamiento era también el del COM 92, y también el interventor municipal hacía las mismas funciones en el COM 92. Si aquello no funcionó bien fue por responsabilidad municipal", informa . Leguina reconoce que las cuestiones culturales "hechas a matacaballo" tienen como consecuencia lo denunciado por el Tribunal de Cuentas.