Rato se niega a demostrar las acusaciones del PP sobre una amnistía fiscal a los amigos del PSOE

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, se negó ayer a demostrar, con nombres y apellidos, las acusaciones de su partido sobre una presunta amnistía fiscal a los "amigos" del PSOE. Negó que esas imputaciones se basen en el conocimiento ilegal por parte del PP de los 600 expedientes que, en su opinión, han prescrito por "negligencia" del anterior Gobierno. Tampoco habrá acciones legales contra el PSOE por la pérdida "a sabiendas" de 200.000 millones de pesetas para la Hacienda pública. El Gobierno se limita, añadió Rato, a constatar los hechos y a aprobar ayer un Estatuto que "pone punto final a la fracasada política de aterrorizar al contribuyente".

Después de dar la pedrada, el Gobierno tiene que esconder la mano. Las actuaciones de Hacienda son secretas y, por tanto, "dar la lista de los 600 expedientes sería un delito", afirmó Rato. Otra cosa son los "juicios políticos" en los que el Gobierno "no entra, pues corresponden a los partidos".La gravísima acusación de "amiguismo" hacia el PSOE, que, según el PP, otorgó una amnistía fiscal con pérdida de 200.000 millones de pesetas para el erario público, es hasta normal, a juzgar por las palabras de Rato. El PSOE no debe sorprenderse de ello, añadió, ya que en los últimos meses "sistemáticamente, nos acusa de favorecer a los amigos".

El Gobierno, explicó Rato, se ha limitado a exponer los hechos, ante la opinión pública. Reiteró que "hubo negligencia política" por parte del anterior Gobierno porque "desde 1991 se sabía que esos casos podían prescribir" y no se tomaron medidas "a sabiendas de que con ello se iban a producir daños irreparables para la Hacienda pública".

Pese a ello, tampoco se vislumbran acciones legales por parte del Gobierno contra sus antecesores. Se da la amnistía fiscal por segura y se aprueba un Estatuto del Contribuyente que, según el vicepresidente, "pone punto final a la anterior política de aterrorizar al contribuyente para luchar contra el fraude fiscal". Una política que "se ha convertido en un absoluto fracaso".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista se negó ayer en el Congreso a que sea el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, quien dé explicaciones en el Congreso sobre el escándalo. Según su portavoz, Joaquín Almunia, debe ser el vicepresidente Rato quien asuma ese papel y lo pedirá en la Diputación Permanente del Congreso el próximo día 21.