Barranco sostiene que Álvarez del Manzano es el "máximo responsable" del despilfarro

Juan Barranco, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, culpó ayer al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, del despilfarro millonario del Madrid 92. "El alcalde era el presidente del Consorcio y, por tanto, el máximo responsable. Él es el que debe responder de todos estos millones derrochados", dijo Barranco.Los vicepresidentes del organismo eran Joaquín Leguina, por entonces presidente de la Comunidad, y Jordi Solé Tura, ministro de Cultura, ambos del PSOE. "Aunque el PSOE estaba representado, incluso en la comisión ejecutiva, lo cierto es que las, resoluciones las tomaban los miembros del PP, que eran mayoría", se defendió Barranco. "Por ejemplo, el secretario del consorcio era por entonces el secretario del Ayuntamiento, Mario Corella", añadió el portavoz socialista.

"Todas las responsabilidades contables deben achacarse al PP, que en el fondo era el que controlaba el dinero y tomaba las decisiones económicas", precisó Barranco. "Lo primero que hemos pedido es que nos entreguen el informe del Tribunal de Cuentas para ver si hace falta pedir una comisión de investigación", concluyó Barranco.

Tiempo para pensar

Un portavoz del alcalde de Madrid manifestó ayer que José María Álvarez del Manzano no hablará de este tema hasta el viernes. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Juan Antonio Gómez Angulo, tampoco quiso pronunciarse ayer sobre el asunto.También guardó silencio el portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Herrera: "Estamos estudiando el asunto. Es lo suficientemente grave como para tomarnos nuestro tiempo y ver qué decidimos y qué medidas solicitar".

Este periódico intentó, sin éxito, localizar a Pablo López de Osaba, director general del COM 92, al que el Tribunal de Cuentas imputa las principales irregularidades. López de Osaba, según algunas personas que le conocen, trabaja actualmente organizando exposiciones para la Fundación de Caja Madrid.

López de Osaba no presentó ninguna alegación al informe del Tribunal de Cuentas, pese a que se le facilitó una copia del anteproyecto para que se pudiera defender antes de redactar la auditoría definitiva.