El Tribunal de Cuentas destapa graves irregularidades en la gestión de Madrid 92

El Tribunal de Cuentas ha descubierto el despilfarro y descontrol con que se gestionaron los 7.138 millones de pesetas que costó organizar los actos con los que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Estado festejaron la capitalidad europea de la cultura en 1992, según se deduce de la auditoría aprobada el pasado 26 de diciembre y que ha sido remitida al Congreso de los Diputados.El tribunal apunta un sinfín de anomalías: descontrol en la gestión de ingresos por ventas de entradas, catálogos, insignias..., que ocasionó perjuicio a las arcas públicas; contratos con empresas de cuantías muy superiores a las permitidas; propuestas de gastos que no firmaba nadie y nadie fechaba; facturas pagadas por servicios cuya realización no se comprobó; horas extras apuntadas por el que las hacía y no autorizadas ni verificadas por ningún superior; nulo control del taquillaje de los espectáculos culturales; talones bancarios emitidos antes de la orden de pago; sueldos muy superiores a los aprobados legalmente...

Los auditores públicos han decidido abrir múltiples piezas separadas (estudios más minuciosos) al encontrar indicios que pueden dar lugar a la existencia de responsabilidades contables (gestiones que han perjudicado a las arcas públicas y por las que se podría pedir a los culpables que devuelvan el dinero). También han decidido trasladar el informe a la Agencia Estatal de la Administración Tributaría por si se hubieran producido infracciones tributarias en varios casos.

Solamente en incremento de retribuciones y gratificaciones "indebidas o insuficientemente justificadas", el Consorcio Organizador Madrid 92 (COM 92) se gastó más de 120 millones de pesetas, según el análisis del tribunal. La gestión de los actos para festejar la capitalidad cultural fue responsabilidad de una junta de gobierno integrada por 29 personas. El presidente era el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, y los vicepresidentes, Joaquín Leguina (entonces, presidente regional) y Jordi Solé Tura (a la sazón, ministro de Cultura).

El director de Madrid 92 cobró dos millones más de lo autorizado y se autoconcedió otro millón

El alcalde de Madrid recuerda en sus alegaciones que en el COM 92 no había una administración dominante, pese a que el Ayuntamiento tenía la mayoría absoluta en la Junta de Gobierno. Además, asegura que aunque él era presidente, el equilibrio se mantenía, pues el director general, Pablo López de Osaba, fue propuesto por el Ministerio de Cultura.Sobre el abuso de contratación directa, el alcalde replica que la actividad del COM 92 estaba "condicionada por la celeridad de las diferentes actividades". Y pone como ejemplo que en la mayoría de los conciertos el programa se acababa de imprimir minutos antes de abrirse la sala, e incluso, "en varias ocasiones, cuando ya estaba ocupada". El COM 92 arrancó en 1989 para preparar, durante dos años, todos los actos.

"Esta celeridad es la que hace que el comité ejecutivo autorice con carácter general la contratación directa, pues en la mayoría de los casos los trámites de selección de contratistas eran incompatibles con las fechas de celebración de la actividad", alega el alcalde.