La Junta extremeña recurre al Constitucional el modelo de financiación autonómica por insolidario

La Junta de Extremadura, presidida por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha abierto el fuego contra el nuevo modelo de financiación. autonómica acordado entre el y CiU. El Tribunal Constitucional recibió ayer tres recursos contra determinados artículos de tres leyes, al considerar, que se violan los principios constitucionales de igualdad y solidaridad. Como quiera que el Gobierno no puede obligar a una comunidad a que acepte el sistema, los recurrentes emplazan al Ejecutivo a "una negociación" para adoptar una fórmula de financiación hasta que resuelva el alto tribunal.

"Ahora le toca a José María Aznar mover ficha", invitó ayer Victorino Mayoral, consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura. La Junta de Andalucía es posible que siga los pasos de Extremadura y la Junta de Castilla- La Mancha duda. Es tajante en calificar de "injusto" el nuevo modelo, aunque acepta que puede ser constitucional, informa Isabel Salvador. "Se está poniendo en juego el Estado de Bienestar en España, ya que si la Administración central se queda sin recursos para distribuir, las desigualdades se acrecentarán", sentenció Mayoral.Los recursos son contra determinados artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) (cesión del 30% del IRPF y capacidad normativa); contra la ley de Presupuestos Generales del Estado (vigencia del nuevo modelo de 1997 al 2001) y contra la reforma de la Ley de Cesión de Tributos del Estado, todas aprobadas por el Parlamento en diciembre, fruto del pacto entre el PP y CiU, con el respaldo del PNV y Coaliación Canaria.Los principios constitucionales de Igualdad y Solidaridad son los que están en peligro, según el análisis del grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Tributario que han elaborado, por encargo del Parlamento extremeño, los recursos.

Redistribución

El origen de todos los males que anuncian los extremeños radica en la cesión del 30% del IRPF a las autonomías y su capacidad normativa sobre ese tramo del impuesto. Con esta medida "las posibilidades redistributivas de la Hacienda central quedan mermadas y no se prevén mecanismos efectivos de garantía", dice uno de los recursos.

También creen que se vulnera el principio de igualdad entre comunidades al romperse el régimen común de financiación y crear "nuevos sistemas no previstos constitucionalmente". Los autores de los recursos ven otro motivo de inconstitucionalidad, ya que se permite que medidas tributarias tengan efectos extraterritoriales, y se dota a las comunidades de capacidad normativa sobre los impuestos de patrimonio y sucesiones.

El Gobierno reaccionó de inmediato. Ahora, necesariamente, tiene que haber negociación para calibrar cuánto corresponde a Extremadura, después de que esta comunidad rechazara tajantemente el sistema aprobado por el Ejecutivo. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, subrayó su intención de "aprovechar cualquier resquicio para continuar dialogando con las autonomías que no han querido aceptar el modelo". Ahora bien, dejó claro que no está de acuerdo con la actitud de los extremeños y de los andaluces, al entender que los ciudadanos de esas comunidades "saldrían ganando" si sus gobernantes aceptaran el modelo general. "Si no lo hacen, no será responsabilidad de este Gobierno", dijo Rodríguez, informa Camilo Valdecantos.

No lo van a aceptar. Andalucía, aunque más lenta, sigue los pasos de Extremadura. El PSOE andaluz presentó ayer en el Parlamento cuatro iniciativas por las que se insta al Gobierno autónomo a presentar recursos de inconstitucionalidad. Los extremeños hicieron lo mismo en octubre con el respaldo de socialistas, IU y grupo mixto. El PP se abstuvo. -