Juicio final

CASI 14 años después de la expropiación de Rumasa, el juicio contra José María Ruiz-Mateos se inicia hoy en la Audiencia Nacional circunscrito tan sólo a dos delitos de falsedad documental. La desaparición del sumario por el que ahora se le juzga de muchas y graves imputaciones nada tiene que ver con la solidez de las pruebas y argumentos que acompañaron las acusaciones iniciales, como quiere hacer creer el aparato propagandístico del empresario jerezano -reforzado ayer por más de un centenar de adhesiones, en gran parte procedentes de la extrema derecha-, ni cuestiona la necesidad o la legalidad de la expropiación de Rumasa. Se debe a las argucias del acusado -que ha marcado los tiempos y contenidos de su proceso-, a una cierta desidia de la Administración y a los cambios legislativos que se han producido en estos casi tres lustros transcurridos.El sumario que hoy se ve es el mismo que se instruyó en el origen, aunque las acusaciones del fiscal se hayan reducido por efecto de las limitaciones de la extradición.

Con todo, los hechos siguen siendo idénticos: revalorización ficticia del activo en 345.000 millones de pesetas para simular buena salud en sus empresas, un fraude a Hacienda de 17.549 millones, otro a la Seguridad Social por 10.774 millones, falsificación de documentos y evasión de divisas -a través de la llamada Rumasa exterior- por un valor que se estimó como mínimo en 23.000 millones de pesetas.

Tras su fuga al extranjero, Ruiz-Mateos fue detenido en Alemania en 1984 y extraditado a España con la limitación expresa de que sólo podría ser juzgado, en primera instancia, por dos falsedades y una estafa. Las diversas argucias procesales, su posterior elección como eurodiputado, con el consiguiente traslado del sumario al Supremo, y otra infinidad de peripecias han postergado hasta hoy la vista oral. Para llamar la atención sobre sí mismo ha recurrido al género bufo y al insulto soez de políticos, jueces, banqueros y hasta el Opus Dei -al que perteneció-. También ha pretendido ampararse en presuntos pagos al Rey, por lo que tiene pendiente un juicio por injurias al jefe del Estado, y en 1993 obtuvo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por el retraso en la celebración del juicio. Una paradoja más cuando ha sido el propio empresario quien lo ha impedido en varias ocasiones, y quien ha tenido que ser encarcelado en los últimos días para asegurar su presencia en el banquillo.

Aun cuando son dos los delitos por los que será juzgado Ruiz-Mateos en primera instancia, se trata de falsedades materiales por las que el ministerio público solicita hasta doce años de prisión menor y multas. Ruiz-Mateos no será condenado por los graves delitos de Rumasa, es cierto, pero el tribunal tiene testigos y pruebas para demostrar que violó las leyes de este país.