Dictadas en Ruanda las dos primeras penas de muerte por el genocidio de 1994

Un enfermero y un antiguo administrador municipal fueron ayer los dos primeros procesados por el genocidio de 1994 condenados a la pena capital en Ruanda. Un tribunal de Kibungo, al sureste del país, encontró al enfermero Deo Bizimana y al funcionario municipal Egide Gatanazi culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad, según anunció ayer la radio oficial. Los dos condenados, que disponen de quince días para recurrir la sentencia de morir ante un pelotón de fusilamiento, no contaron con abogado defensor durante el juicio, celebrado el pasado 27 de diciembre.Bizimana, al que se acusa de homicidio, violación y robo, y Gatanazi, con once acusaciones, entre ellas las de asesinato y dirigir un escuadrón de la muerte, se declararon inocentes, Gatanazi denunció que era víctima de una conjura, aunque su propia hermana testificó en su contra. Observadores que asistieron al proceso señalaron que el público que abarrotaba la sala donde se celebró el juicio abucheó a los abogados que pretendían defender a los procesados y jaleó a los fiscales, que pasaban notas manuscritas a los jueces.

Bizimana y Gatanazi son los primeros sospechosos llevados ante un tribunal. Las cárceles ruandesas están saturadas por más de 90.000 personas, hutus en su mayor parte, acusadas de tomar parte en el genocidio de cerca de un millón de tutsis y hutus moderados. El genocidio fue perpetrado entre el 6 de abril y el 15 de julio de 1994 por soldados del Ejército del presidente Júvenal Habyarimana (cuyo asesinato el 6 de abril desencadenó las matanzas) y milicianos de la organización extremista hutu interhamwe (los que matan juntos), que huyeron del país a mediados de julio, después de que el Frente Patriótico Ruandés, dominado por la minoría tutsi, ganara la guerra civil y se hiciera con el poder.El Movimiento para eLRetorno de los Refugiados y la Demoracia a Ruanda, un grupo de presión hutu, ha calificado los juicios que han comenzado a celebrarse de "burla de la justicia", y han asegurado que muchos retornados están siendo detenidos y acusados injustamente por gente que quiere quedarse con sus propiedades. Unos 3.300 refugiados hutus de los 460.000 que acaban de regresar de Tanzania han sido encarcelados bajo la sospecha de haber tomado parte en el genocidio.