Chaves cierra el diálogo y recurre la nueva financiación autonómica por inconstitucional

El PSOE de Andalucía, que gobierna en esta región con Manuel Chaves a la cabeza, dio ayer por roto el diálogo con el Gobierno de José María Aznar y tomó la iniciativa entre las autonomías más. beligerantes con el nuevo sistema de financiación, que aumenta del 15% al 30% la cuota de cesión del, IRPF a las comunidades. No habrá marcha atrás y se llegará al Tribunal Constitucional. El recurso se tramitará en el primer pleno ordinario de la Cámara autonómica, en febrero. Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista José Bono, estudia también recurrir al Constitucional. Extremadura aprobó en su día celebrar un referéndum, propuesta que aguarda aún el asentimiento improbable del Ejecutivo de Aznar.

El PSOE andaluz, que cuenta con el pleno apoyo de sus socios en la Junta -el Partido Andalucista e IU-, recurrirá el modelo de financiación pactado entre PP, CiU y Coalición Canaria al considerar que vulnera los principios de solidaridad y equilibrio económico, previstos en el artículo 138 de la Constitución. El portavoz socialista en el Parlamento autonómico, José Caballos, calificó ayer el sistema promovido por el PP de "injusto", "discriminatorio" e "insolodario".

Tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Andalucía conceden al Consejo de Gobierno y al Parlamento regional la competencia de presentar recurso de inconstitucionalidad frente a disposiciones y leyes que afecten al ámbito autonómico. Amparado en estos preceptos, el PSOE presentará dos proposiciones no de ley para que sean ambos organismos los que lleven adelante la iniciativa. Caballos reconoció que se trata de una decisión "grave" pero alegó que es la única posible ante la "cerrazón del PP" para negociar.

El recurso supone un paso definitivo en el proceso de enfrentamientos entre la Junta que preside Manuel Chaves y el Gobierno de Aznar. El diálogo se da por agotado porque los populares, según Caballos, no han querido entender que la reforma del modelo de Financiación autonómica "vuela" los principios de equilibrio territorial, de autonomía y de solidaridad, y que esto lo hace un Gobierno puesto "al servicio de los intereses de Convergència i Unió".

El representante socialista insistió en que la medida cuenta con el apoyo de la ejecutiva federal de su partido y., del Gobierno autonómico, que siempre se reservaron la posibilidad del recurso como última opción si fracasaban las vías de negociación. El propio Chaves y su consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, habían ratificado el jueves esta advertencia.

Ningún miembro del Gobierno andaluz realizó ayer declaración alguna. Un portavoz oficial de la Junta se limitó a precisar que aún no hay ninguna orden aprobada en este sentido. En cambio, el portavoz de IU, Luis Carlos Rejón, sí aseguró que esta medida ya había sido aprobada por su coalición el pasado día 27.

La voz crítica llegó del portavoz parlamentario del PP, Manuel Atencia, quien aseguró que el recurso no tiene ninguna razón y responde a una maniobra política del PSOE, que utiliza a la Junta contra el Gobierno de Aznar. Atencia añadió que Andalucía no está obligada a aceptar el nuevo modelo, que, argumentó, la beneficiaría en 400.000 millones de pesetas.

La guerra de cifras sobre las consecuencias del nuevo modelo se reprodujo ayer mismo. El PSOE no sólo niega que vaya a recibir más fondos de los 700.000 millones que ahora recoge, sino que destaca que la clave está en la desproporcionada autonomía financiera de Cataluña, Madrid, Valencia o Baleares frente a otras comunidades.

Las tres autonomías gobernadas por el PSOE rechazan el modelo propuesto por el Gobierno del PP, pero pretenden evitar que se les califique como un "frente común". En este sentido, el consejero de Economía de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Montañés, recordó que su Parlamento aprobó en octubre y por mayoría instar al Consejo Consultivo -un Consejo de Estado autonómico-, a estudiar posibles recursos de insconstitucionalidad tanto contra la ley que reforma el sistema de financiación como contra la de los Presupuestos del Estado. El informe estará listo este mes.

Montañés subrayó: "El dictamen será determinante. Nosotros no tomaremos ninguna medida por cuestiones políticas, sino por jurídicas. Por lo que ya conocemos, nos preocupa un posible trato desigual hacia los españoles según dónde vivan y que no se garantice el principio de solidaridad interregional. Ésos pueden ser vicios de constitucionalidad". El secretario general del PSOE de la región, Juan Pedro Hemández Moltó, se mostró "muy predispuesto" a tramitar el recurso.

En la Junta de Extremadura sólo recordaban que su presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya dijo, cuando su Cámara aprobó en octubre celebrar un referéndum, que si Aznar no lo permitía, optaría por un recurso de inconstitucionalidad. El presidente del Gobierno no ha contestado oficialmente a esa convocatoria, pero su ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, la tachó de "dislate".

El único dirigente del PP comprensivo con las demandas socialistas fue el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, quien ha pedido que la España autonómica "se construya escuchando a todos, no sólo a dos comunidades", en referencia a Cataluña y Canarias, los dos socios del Ejecutivo en este proyecto. Lucas reclamó que "se oiga también a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, porque", recordó, "yo he sufrido ser presidente autonómico con un Gobierno socialista". Lucas, inicialmente, también discrepaba con la financiación propuesta por su partido.