A la espera de la ley

CiU propuso con éxito en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas una resolución por la que los partidos se comprometen a elaborar una nueva ley de Financiación de los Partidos Políticos. "Se considera necesario impulsar el consenso de los diferentes grupos parlamentarios para modificar lo antes posible el actual marco normativo sobre la financiarán de los partidos políticos, con un criterio que favorezca la transparencia y el control", señala la propuesta. Todos los partidos dijeron que sí el viernes en la Comisión Mixta. Pronunciamientos de este tenor se van acumulando en el Parlamento desde hace un ' par de años. El intento más serio de negociar se interrumpió con la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones.Lo fundamental, no obstante, ha llegado en forma de proposiciones de ley suscritas por todos los partidos aunque cada cual haga la suya. PP, PSOE, IU, CiU y PNY las presentaron en el Registro del Congreso hace meses, pero ahí siguen, porque antes de empezar la tramitación habitual tienen que reunirse detrás del telón. PP, CiU y PNV están de acuerdo en abrir la puerta a la financiación privada por parte de empresas.

El PSOE sólo admite las donaciones de particulares y en la misma línea se manifiesta Izquierda Unida. En ningún caso los socialistas consideran oportuno que las empresas puedan dar dinero a los partidos. Puede resultar paradójica esta posición dado que siguen inmersos en un proceso por presunta financiación irregular por parte de empresas y bancos pero esta es su doctrina y de ella no se apean. Además, mantienen la tesis de que la opinión pública no acogería de buen grado que las empresas den graciosamente dinero a los partidos.

Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya no quiere ni oír hablar de financiación por parte de empresas. No acaban de imaginar qué empresas querrían darles dinero.

Eso sí, todos están de acuerdo en que la subvención del Estado constituya el núcleo de su sustento.

El PNV logró el acuerdo de todos para la siguiente resolución: "El Congreso asume las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para regular la financiación proveniente de corporaciones locales y gobiernos autonómicos".