El juego de Santaella y Conde

"En todos, salvo algunos casos excepcionales, el periodismo no es un informe de primera mano sobre la materia prima. Es un informe sobre ese material después que ha sido estilizado"Walter Lippman, 1922

La disposición que Jesús Santaella, oficialmente abogado de Mario Conde desde el 9 de enero de 1995, obtuvo de las páginas de El Mundo en los momentos clave de su estrategia frente al Gobierno de Felipe González fue para el diario un mal menor, el precio a pagar por la potencial posibilidad de publicar informaciones "exclusivas". Sólo que su compromiso con Santaella, Conde y el coronel Juan Alberto Perote, alias Viriato en la operación de filtración del material del Cesid, fue muy lejos, mucho más allá del viejo precepto de la escuela de periodismo de Chicago, según la cual la "historia lo es todo".

El mismo 9 de enero de 1995, Santaella visitaba a Mario Conde en la cárcel de Alcalá Meco. Su versión es que Conde le contrató ese día. Esto quiere decir que sus negociaciones con el ex banquero venían de cierto tiempo atrás. Para entender cuál fue la misión que le fue asignada por Conde hay una pista: el 9 de enero, se publicó en El Mundo un artículo llamado Justicia y política en el caso GAL. La firma: Jesús Santaella. Al pie de página venia la siguiente nota: "Jesús Santaella es abogado. Fue secretario general técnico de Justicia en los últimos gabinetes de UCD". '

"El Caso GAL es con total evidencia ( ... ) un caso político. Como tal y para ello parece contarse con algún grado de aceptación ciudadana, la adopción de medidas de gracia podría, en tanto en cuanto decisión de oportunidad, resultar justificada", escribió Santaella.

Y añadió: "José Barrionuevo no es en la actualidad miembro del Gobierno pero sí lo era cuando se produjeron los hechos que se le imputan y, de ser ciertas las acusaciones publicadas, actuó entonces en ejercicio, aunque antijurídico, de sus funciones, por lo que debe, extendérsele el beneficio de ser examinado previamente aquél a quien corresponde el supremo control del Gobierno. En esta tesis, ni la Audiencia Nacional, ni la Sala Segunda del Tribunal Supremo son los llamados a enjuiciar al ex ministro del Interior, sin más".

Santaella proponía considerar los delitos de los GAL como delitos contra la seguridad del Estado y aplicar el artículo 102 de la Constitución, haciendo jugar al Parlamento el papel previo decisivo antes de pasar el caso a los órganos jurisdiccionales, correspondientes.

Acto seguido, Santaella se puso en contacto, a través de un amigo común, con Barrionuevo. El 9 de febrero de 1995 Santaella y Barrionuevo se vieron por primera vez. El ex ministro había leído el artículo de Santaella sobre los GAL. Hablaron sobre el asunto. Volvieron a encontrarse el 22 de febrero. Hablaron sobre "desactivar" los conflictos existentes en la política española.

Santaella propuso, en su segundo encuentro realizado el citado día 22, una reunión entre el ex ministro y Mario Conde. La cita tuvo lugar el 24 de febrero. Santaella y Conde tenían información propia, más amplia que las acusaciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, sobre la historia de los GAL. Contaban ya con un material sensible que Santaella estaba ordenando: las microfichas sustraídas del Cesid por el coronel Perote. Una parte de ellas versaba sobre los distintos GAL.

Durante el mes siguiente continuaron los movimientos. Santaella ponía a punto el material documental a fin de utilizarlo en el momento oportuno. Al mismo tiempo seguían los contactos con Barrionuevo. Tanto Santaella como Conde, cada uno por separado, se entrevistaron con el ex presidente Adolfo Suárez para sensibilizarle.

En este contexto, el 25 de marzo de 1995 Santaella volvió a escribir sobre los GAL en las páginas de El Mundo. El artículo mencionaba de nuevo a José Barrionuevo, amenazado, decía, con sufrir la misma suerte que el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, quien había sido enviado a la cárcel tras las declaraciones de Amedo y Domínguez.

Santaella aprovechaba dos hechos para volver sobre el caso. Uno era el auto del 25 de enero de 1995 del magistrado del Tribunal Supremo Enrique Ruiz Vadillo en el que decía que, al cesar el aforado en el cargo, cesa el aforamiento. Se refería al ex secretario de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, involucrado en el secuestro de Segundo Marey. El otro hecho era el nuevo anteproyecto de ley de Gobierno, en el que se incluía a los secretarios de Estado en la categoría de miembros del Gobierno, lo que les beneficiaría retroactivamente.

"Da toda la impresión -decía Santaella- que por fin se encuentra el cauce constitucional de solución al caso GAL. Pero además de conocer la verdad, todos tenemos derecho a que, de una vez por todas, acabe el profundo drama nacional que nos envuelve ( ... ) y a proporcionar una salida digna a quienes se ven directamente amenazados, más en la pérdida de su libertad y de su honra que de los cargos que vienen desempeñando desde más de una década al servicio del Estado".

Conde y su abogado sentían que tenían en sus manos la posibilidad de "proporcionar una salida digna a quienes se ven directamente amenazados", según decía el artículo citado. Esa posibilidad tenía relación con el material extraído por el coronel Perote, alias Viriato, del Cesid.

En el mes de abril, Santaella visitó a Suárez para que viera el informe elaborado, de unas noventa páginas, y el material documental que lo soportaba. El ex presidente se quedó con un resumen de conclusiones. Y el 23 de ese mismo mes de abril, Santaella entregó las conclusiones también a Barrionuevo. ¿Por qué y para qué? Una de las reivindicaciones de Santaella, Conde y el abogado Mariano Gómez de Liaño -apartar al juez Manuel García-Castellón del sumario Banesto- se podía lograr esos días. El 25 de abril, precisamente, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial se reunía para estudiar la renovación del mandato del juez, que vencía por esas fechas.

Santaella y Conde querían que el caso lo llevase el juez Miguel Moreiras. El papel entregado a Barrionuevo, pues, buscaba que el Gobierno diese instrucciones al presidente del CGPJ, Pascual Sala, para que García-Castellón quedara fuera de combate.

Fue Santaella quien el mismo 25 de abril escribió parte de sus reivindicaciones en El Mundo. El artículo comenzaba advirtiendo que en "Ias próximas horas" el CGPJ iba a decidir la prórroga o no de García-Castellón. Según decía, Moreiras era el "único titular legítimo" del juzgado de instrucción número 3. Pero no era sólo un artículo jurídico. El chantaje encubierto estaba en las líneas finales, en una especie de guiño a Barrionuevo y al Gobierno socialista: "En momentos tan difíciles como los que atraviesa España, nada más importante que conseguir entre todos que el Poder Judicial aparezca inmaculado ante la opinión, sobre todo en asuntos en los que cabe presumir intereses e interferencias de todo signo". Al pie del artículo se leía: "Jesús Santaella es abogado. Fue secretario general técnico del Ministerio de Justicia en los últimos gabinetes de UCD". En ningún momento se le ocurrió al director del periódico que hubiera sido más fiel con sus lectores si agregaba que Santaella era "el abogado de Mario Conde". Eso sobraba, claro.

Esos momentos tan difíciles, en los que Santaella y Conde amenazaban con el arsenal del GAL proporcionado por el coronel Perote finalmente explosionaron, ya que García-Castellón siguió en su puesto. Conde y Santaella decidieron entonces airear los presuntos crímenes que antes proponían enterrar a cambio de dinero y seguridad jurídica.