Expediente a ENDESA

LA COMISIÓN Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido abrir un expediente sancionador a la compañía eléctrica ENDESA. En opinión del órgano regulador del mercado de valores, la empresa, su presidente y su director financiero podrían haber incurrido en "infracción muy grave" al ocultar los planes de aumentar su participación en el capital de las compañías eléctricas Fecsa y Sevillana de Electricidad, a pesar de las reiteradas peticiones de información al respecto realizadas por la Comisión para aclarar a los inversores la noticia filtrada sobre la operación. Técnicamente, la CNMV abre el expediente, apoyada en la Ley del Mercado de Valores, por incumplimiento de la obligación de informar o el suministro de información engañosa; pero también precisa que "el expediente informativo continúa su tramitación en relación a otras posibles ínfracciones", por si, además del incumplimiento de la obligación de informar, hubo otras vulneraciones de la ley, como violación de secreto o uso de información confidencial.La CNMV actúa correctamente exigiendo transparencia e información rápida a los inversores y debe llevar la investigación del expediente hasta sus últimas consecuencias. No es descabellado afirmar que la CNMV tiene indicios de que el proceso de negociación de las OPA sobre Sevillana y Fecsa estaba perfectamente planificado y decidido con anterioridad a las peticiones de información del organismo regulador. La investigación debe aclarar las razones por las cuales la compañía eléctrica no facilitó la información requerida.

Sería conveniente precisar hasta qué punto la conducta de los dirigentes de ENDESA ante el regulador estuvo arrastrada por la conveniencia política de negar la operación antes de que ésta contara con el visto bueno de las empresas y del Gobierno. La secuencia conocida de los hechos induce a presumir que la filtración cogió por sorpresa al Ministerio de Industria, que para evitar la ruptura de la operación, el ministro y su equipo -incluida ENDESA- se acogieron al principio de que "debe informarse a la Comisión de hechos relevantes" y no de proyectos, y que se sostuvo esa posición poco airosa hasta que el Consejo de Ministros, punto y final del proceso, aprobó el lanzamiento de ambas OPA. Esta explicación, plausible y bien fundamentada, plantea otro problema, más espinoso si cabe: la irresistible tendencia de este Gobierno a no distinguir entre la esfera política de actuación y el respeto a las instituciones regulatorias.

No es buen momento para ENDESA. Un expediente por infracción muy grave es lo que menos necesita en estos momentos esta empresa, a punto de continuar su proceso de privatización, afectada, además, por un Protocolo Eléctrico que tendrá consecuencias negativas para su cuenta de resultados y sobre el que también es preciso exigir los focos de claridad más potentes.