El papel de cada cual

LOS 20 papeles del Cesid que hoy publica EL PAÍS corresponden a la transcripción que de ellos hacen los jueces Garzón (18), Gómez de Liaño (1) y Justo Rodríguez (1) en los autos remitidos al Gobierno en su día para pedir su desclasificación. Son fruto de la requisa que practicó Garzón en la celda que el coronel Perote ocupa en la prisión militar de Alcalá de Henares. Ignoramos si tales documentos son auténticos o no, es decir, si corresponden fielmente a papeles elaborados por el servicio secreto español. Lo que sí sabemos es que la petición de desclasificación de los instructores se refiere a estos papeles concretos. La decisión está en manos del Tribunal Supremo, que habrá de pronunciarse en breve.Al publicar estos papeles, íntegramente y de una vez, EL PAÍS intenta, ante todo, acabar con cualquier pretensión de administrar a conveniencia la agenda política mediante la difusión dosificada de informaciones o documentos comprometedores. El diario El Mundo publicó ayer cinco de estos papeles y anunció nuevas remesas para días sucesivos. Pues bien, aquí están todos. El "muy intenso trabajo de investigación periodística" a que aludía ayer ese diario consiste en ser recipiendario de una filtración. Que la fecha de difusión se elija en función de otro sumario, el del caso Banesto, que ayer vivió una jornada singular -sobre todo por haber sido imputado en el mismo Mariano Gómez de Liaño, abogado y supuesto socio de Conde en sus operaciones-, es una sospecha no probada, pero en absoluto carente de fundamento. La evidencia de que otro abogado de Mario Conde intentó chantajear al Gobierno amenazando con la publicación de informaciones supuestamente comprometedoras si no se cumplían determinadas exigencias del ex banquero y la efectiva publicación de algunas de esas informaciones, siempre en el mismo medio, avalan esa sospecha.

Al margen de ese aspecto, la publicación de una primera entrega y el anuncio de la difusión por capítulos del resto nos dispensa de cualquier reserva sobre el contenido. Eso de que la vida política del país -y sus derivaciones judiciales- tenga que girar en tomo a las conveniencias o los caprichos de un medio de comunicación nos parece estrafalario: una estrategia de la tensión en fascículos. Si un periódico dispone de informaciones veraces (o al menos contrastadas) cuyo contenido es de interés general, que las publique. Eso es lo decente. Lo otro, dosificar las informaciones con la pretensión de marcar el calendario, es utilizar el poder de la prensa para fines diferentes a los de la información.

Ante al caso GAL ha habido diversas actitudes. Algunas personas -políticos y periodistas- pidieron combatir a ETA con todos los medios, sin excluir los de la guerra sucia, y diez años después denunciaron que les hubieran hecho caso. Otros estuvieron en contra de la guerra sucia antes, durante y después de que los GAL asesinaran a 27 personas; EL PAIS pertenece sin ningún género de dudas a este segundo grupo. Cuando la escalada de crímenes de ETA se doblaba con la de los GAL, lo denunciamos y hubo gobernantes que se querellaron por ello contra nosotros. Tras la resurrección mediática y judicial del caso GAL, a partir de diciembre de 1994, seguimos pidiendo el esclarecinminto de las responsabilidades que resultasen de los nuevos datos, pero nos negamos a seguir a quienes trataron de utilizar el asunto como arma de deslegitimación del sistema.

El caso GAL está en los tribunales. Ellos habrán de decidir si desclasifican o no los papeles del Cesid, que, desde luego, no son el único elemento incriminatorio que aparece en el sumario. La mayor o menor fuerza probatoria de los mismos es una cuestión discutible que en todo caso corresponde dilucidar a los tribunales. Los jueces que investigan los sumarios principales del caso GAL los incluyeron en los autos y pidieron que se levantara el secreto por considerarlos decisivos. Los ciudadanos tendrán ocasión ahora de conocer su contenido. Íntegramente y en su conjunto. Ojalá que los tribunales decidan zanjar cuanto antes este asunto, estableciendo las inesquivables responsabilidades penales de un episodio cuyo fantasma sigue envenenando. la convivencia de los españoles; y que al hacerlo acaben también con los fantasmas que intentan utilizarlo para reescribir su propia biografía.