Protesta cumplida

LA HUELGA de funcionarios de ayer fue, bien mirado, un ejercicio limpio de los derechos democráticos. Por una parte, los sindicatos consiguieron altas cuotas de participación, sobre todo, en las manifestaciones contra la congelación salarial convocadas en Madrid y Barcelona, de forma que su testimonio fue rotundo y claro. Como es habitual, la participación en la huelga ofrece un abanico imposible, entre el 19% que calculó el Gobierno y el 80% que defienden los sindicatos. Esta disparidad, sencillamente ridícula, es difícil de resolver en un sector tan dispar como el de la función pública, con centros de todos los tamaños y protagonistas de muy distintos segmentos sociales, pero se puede afirmar que la huelga se concentró en sectores como la enseñanza, Correos, Seguridad Social, Agencia Tributaria y el Inem, según reconoció el propio Gobierno.El aspecto más importante de la jornada de ayer es que se cumplieron en términos generales las reglas del juego. Los servicios mínimos, decisivos en actividades tan delicadas como la sanidad o la navegación aérea, por ejemplo, se respetaron; los incidentes fueron escasos y la presión de los sedicentes piquetes informativos, casi siempre indeseable por el descontrol con que tradicionalmente han actuado, fue menor en esta ocasión. En este cuadro de ejercicio responsable de los derechos políticos se percibe una disonancia llamativa, que es la persistencia del Gobierno y del PP en atribuir a la oposición política el papel de instigador en la sombra de la protesta funcionarial, una especie de doctor Mabuse muñidor de la conspiración para atizar el descontento de los servidores públicos. La excusa parece interesada y, en todo caso, inútil: su invocación no hará desaparecer ni la congelación ni la irritación de los funcionarios.

Ahora bien, una vez satisfecha la voluntad testimonial y dado que no es previsible -ni lo era antes de la huelga- un cambio en el capítulo presupuestario que determine los salarios del sector público para 1977, la cuestión es qué hacer para resolver el conflicto. La salida más razonable y prácticamente la única es que se re cupere la negociación del futuro salarial de los funcionarios en alguna de las mesas abiertas sobre la función pública. Porque les asiste el derecho a defender en una negociación el futuro de sus salarios sin estar irremediablemente condenados a ser los paganos principales de toda reducción del gasto; y el Gobierno está obligado, ante los inevitables ajustes del déficit público que se de rivan del Tratado de Maastricht, a planificar cuidadosa mente sus prioridades futuras.