"Hay que revisar la idea de ciudadanía"

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) cumplió ayer 20 años. Nacida al calor de la lucha por la democracia -su primer presidente fue Joaquín Ruiz-Giménez-, sigue en ello, al compás de los tiempos. Ramón Sáez, vocal del Consejo del Poder Judicial, lleva un año presidiendo la dirección colegiada de una asociación que intenta comprometerse en "dar voz a los sin voz". Los premios de la APDH tienen un gran prestigio: este año el nacional ha sido para Juan Carlos Ríos, penalista, especializado en presos y menores marginados, y el internacional para Fernando Gomes, presidente de la Liga de Derechos Humanos de Guinea-Bissau, implicada en la acogida a los africanos expulsados de Ceuta este año por el Gobierno español (los famosos "había un problema, y se ha resuelto").Pregunta. ¿En qué se diferencia la APDH de otras ONG?

Respuesta. No se nos puede adjudicar ninguna connotación de actividad lejana o de aventura. Estamos aquí haciendo el diagnóstico de la situación de unos derechos humanos que se denominan universales, pero que, igual que la libertad o la democracia, nunca pueden considerarse conquistados.

P. ¿Cuáles son los terrenos en que se bate?

R. Unos cuantos, pero los principales serían los derechos de los presos y de los inmigrantes. Se trata de acudir donde haya sufrimiento y exclusión. Hay que replantear la noción misma de ciudadanía. Antes ni siquiera los trabajadores, o las mujeres, eran ciudadanos: hoy no lo son los presos ni los inmigrantes. Estamos a favor de las cárceles pequeñas, que ayudan más a la rehabilitación. Hay terribles situaciones en las prisiones: los reclusos en régimen de aislamiento pasan 21 horas encerrados a solas. ¿Cómo es posible creer que nadie va a poder rehabilitarse así? Es hipócrita lloriquear porque entran drogas en las cárceles. Entran drogas, igual que entran en la sociedad. Los presos deben tener acceso a jeringuillas y a preservativos.

P. Los inmigrantes, ¿deben ser legalizados todos?

R. Sí. No es posible seguir con el racismo institucional. Cuando se expulsa a 105 personas es por su color de piel. Todos debemos asumir la cuota de responsabilidad por la miseria del mundo. No vale decir: unos son solicitantes de asilo político, y otros inmigrantes económicos. Todos son víctimas de la miseria, que es un producto político. Lo grave es que aquí hay una Ley de Extranjería que vale a la par para que reprima la izquierda y la derecha.

P. ¿Son tan insensibles los partidos, como parecen, a este tipo de problemas?

R. No son instrumentos de participación, y por eso es difícil hacerles llegar lo que ve la sociedad. Pero hay fenómenos, como la insumisión, que acaban haciéndoles permeables. La información política no refleja la realidad social: la gente vive y discute sobre otros asuntos cotidianos, el cuidado de los viejos, el poder de los médicos, el derecho innegable a la eutanasia. Pero el problema no está sólo en los partidos. También hay que plantearse por qué muchos derechos humanos tienen ya carta de naturaleza pública, pero son conculcados en privado: un marido no alardea ya en la taberna de pegar a su mujer, pero la sigue pegando; la Iglesia obstaculiza la vida privada; y, si el Ejército no funciona con respeto a los derechos humanos, hay que afrontar el tema.

P. Los derechos humanos, ¿son universales, o propios de la cultura occidental?

R. Son universales, pero hay que ser humildes y reconocer que nos falta información sobre otras culturas, y que necesitamos incrementar el respeto y no creer a ciegas que nuestra cultura es superior y que todos los musulmanes mutilan sexualmente a sus mujeres. Siempre hay que dudar, y buscar el encuentro.