Una iniciativa para financiar la enseñanza

Durante la primavera del año 1994, 625.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país firmaron para apoyar la tramitación en el Parlamento de nuestro país de la primera Iniciativa Legislativa Popular. Su preocupación se centraba en la falta del dinero para Educación y las repercusiones que ello tenía en la calidad de la enseñanza y en el proceso de reformas en marcha. Así, la Ley Marco Reguladora de la Financiación del Sistema Educativo, presentada en el Congreso por Comisiones Obreras en diciembre de 1993, consiguió la certificación de más de las 500.000 firmas necesarias el 15 de noviembre de 1994, y su publicación como proposición de ley en el Boletín Oficial de las Cortes el 19 de diciembre de 1994. En aquel momento, algunos dijeron que la mejor ley de financiación era la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como argumentaron en 1990 al solicitarse, por parte de diferentes sectores -el PP entre ellos-, una ley de financiación que acompañase a la LOGSE. Sin embargo, ese argumento ha sido invalidado, rotundamente, por los sucesivos PGE que, al día de hoy, no han satisfecho las necesidades financieras del sistema educativo.Al hablar de la proposición de ley que, por iniciativa popular, está pendiente de tramitación, conviene llamar la atención sobre dos cuestiones relevantes. La primera, que al ser, efectivamente, el primer texto legal que proponen directamente los ciudadanos, y sobre una cuestión de importancia decisiva, como es la Educación, es lógico esperar del Parlamento la atención suficiente como para, al menos, abordar su debate. La segunda, que si bien la petición de un marco normativo que regule la financiación de la enseñanza está planteándose, actualmente, desde distintos ámbitos políticos y sociales, es obvio que no todos hablamos del mismo marco legal. La propuesta que, en este momento, espera en la Mesa del Congreso se preocupa de mejorar la calidad del servicio público educativo.

Las herramientas que propone esta normativa marco son tres: planificación, coordinación y participación. Así, con el objetivo de salvaguardar un gasto básico y suficiente, plantea diseñar dos planes cuatrienales que permitan acercarnos progresivamente al gasto medio europeo (6% del PIB). Dicha planificación, que incluye fases de evaluación y adaptación, se diseñaría desde una comisión interterritorial, en la que estarían representadas la Administración central y todas las comunidades autónomas, con el asesoramiento de un consejo en el que participarían los representantes de la comunidad educativa.

Se trata, por tanto, de una norma reguladora de la previsión global del gasto, de unas líneas maestras, para financiar una enseñanza que garantice la igualdad de oportunidades y la compensación de los desequilibrios territoriales. De tal manera que las coyunturas económicas o políticas no mermen las posibilidades y los medios de la oferta educativa al servicio de todos los ciudadanos.

En todo caso, e independientemente de que esta proposición de ley sea finalmente aprobada, parece clara, a tenor de los vientos que circulan en el mundo de la enseñanza, la oportunidad de debatir y buscar un consenso sobre los recursos financieros que debe establecer la Administración para resolver los problemas y mejorar su oferta educativa. Eludir este debate parlamentario sería dar la espalda a la realidad.