Di Pietro es acusado de traficar con obras públicas mientras fue ministro

La Guardia de Finanze, la poderosa policía fiscal italiana, sostiene en la práctica que Antonio di Pietro es un delincuente habitual y de un calibre clandestino incomparablemente mayor que el de todos los que salieron a la luz en cuatro años de la Operación Manos Limpias. En el informe policial que sirvió de base a los espectaculares registros del viernes se afirma que Di Pietro no sólo pudo cobrar dinero por el trato de favor prestado a algunos investigados, sino que ha traficado con las obras públicas que promovió en su breve periodo de ministro. Di Pietro lo calificó ayer de "mentira abyecta".

Hay más, porque si fueran ciertas las sospechas del Grupo del Investigaciones contra la Criminalidad Organizada (GICO), la unidad especializada de la Guardia de Finanze encargada de las pesquisas contra el ex magistrado, Di Pietro habría incluso falsificado una de las pruebas básicas del proceso por corrupción de policías fiscales que se sigue contra Silvio Berlusconi. Se trata de un pase que demuestra que un abogado que intermediaba en la corrupción de los financieros visitó la oficina del entonces primer ministro. Berlusconi, que el jueves revelará a los jueces "detalles para dejar helado" sobre Di Pietro, ha sostenido siempre que él no recibió al abogado. Un ex carabinero ha denunciado ahora que Di Pietro, le pidió en una ocasión que consiguiera un pase de la presidencia a nombre del letrado en cuestión y sin fecha fija. El GICO pide que se investigue.

Di Pietro representa, en definitiva, el centro de "un lobby judicial lucrativo", según la terminología de estos agentes formados y pagados para desmontar los imperios empresariales de los mafiosos. El mecanismo era simple: Antonio Lucibello, abogado amigo de Di Pietro, se acercaba a los investigados por el entonces magistrado y les prometía que, si pagaban una sustanciosa minuta, no irían a la cárcel. Francesco Pacini Battaglia, un banquero instalado en Suiza que tomó por abogado a Lucibello cuando Di Pietro le metió en apuros, garantizaba cualquier pago seguro en el extranjero. Durante los seis meses que Di Pietro estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, el negocio cambió de escenario, pero siempre con Lucibello como intermediario, y Pacini Battaglia en calidad de financiero de confianza y localizador de constructores dispuestos a pagar sustanciosas mordidas.

Todos estas revelaciones aparecen en el informe de mil páginas que la opinión pública italiana empieza a conocer por entregas a través de los periódicos , cuando todavía no se ha repuesto del choque psicológico de los 68 registros que 230 hombres del GICO realizaron el viernes en dependencias relacionadas con 28 personas presuntamente vinculadas al ex magistrado.

Lo visto hasta ahora del informe de los financieros no es menos chocante que sus actuaciones. Habría que buscar en los archivos del KGB o de la Gestapo para encontrar un entramado similar de hilaciones y conjeturas a partir de hechos simples y ambiguos, generalmente una frase de conversaciones interceptadas en las que no interviene jamás el investigado, sino terceros. "Es todo verdad", dicho a un amigo por Paccini Battaglia "borracho después de un litro de vino", según consta en el informe, es el principal indicio contra el ex fiscal, unido a un contrato encontrado en Suiza.

La situación es preocupante, porque, como se preguntó días pasados el veterano periodista Indro Montanelli, ¿quién creerá en los demás jueces, y menos aún en los policías fiscales investigados en gran número por corruptos, si resultara que Di Pietro ha sido Al Capone? ¿Y qué puede ocurrir si todo fuera falso y el ex magistrado volviera a la política, con su estilo populista y desenvuelto, a pescar votos justicieros? Montanelli no logra saber cuál de las dos hipótesis es más temible.