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La profesionalización de los ejércitos tendrá un coste añadido de 100.000 millones anuales

Miguel González

A partir del año 2002, el servicio militar dejará de ser una obligación para convertirse en un derecho. Defensa considera que el artículo 30 de la Constitución, que establece el "derecho y el deber de todos los españoles de defender a España", impide que se niegue la posibilidad de realizar la mili a todos aquellos, hombres y mujeres, que quieran hacerla. En consecuencia, el Ejército del siglo XXI estará formado no sólo por soldados profesionales, sino también por voluntarios dispuestos a realizar un servicio de aproximadamente un año. La profesionalización costará al menos 100.000 millones anuales más.

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El ministro de Defensa, Eduardo Serra, comparecerá el martes ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para presentar el informe elaborado por su departamento sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas.La información que ofrecerá el ministro será forzosamente genérica, ya que aún no se sabe cuántos militares tendrá España en el futuro, lo que deberá concretarse en el Objetivo de Fuerza Conjunto (OFC), cuya aprobación está prevista para 1998.

Por eso, los estudios de Defensa se basan en la profesionalización total de las Fuerzas Armadas según el modelo vigente, que prevé contar con 180.000 militares en el año 2000. Esta previsión se considera, sin embargo, poco realista y el propio ministro se ha referido a un contingente total de unos 150.000 efectivos , lo que supone una reducción del 16,5%.

Profesionalización en seis años

Lo que está claro es que la profesionalización debe estar concluida dentro de seis años, de forma que en el 2003 no haya ya ningún recluta forzoso, y que se mantendrá tina mili voluntaria para quienes deseen incorporarse a filas por un periodo corto, de. aproximadamente un año.Para estimular esta voluntariedad, se ofrecerán algunos incentivos, como el subsidio de desempleo, una retribución equivalente al salario mínimo y la valoración de la mili como mérito para concursar a empleos en la Administración Pública.

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Defensa no es demasiado optimista sobre el éxito de esta fórmula y, en sus planes, sólo prevé algo más de 5.000 reclutas voluntarios al año, en torno al 5% de los entre 100.000 y 130.000 soldados que necesita, en función de cuál sea la cifra definitiva.

La otra cara del artículo 30 de la Constitución, el "deber de defender a España", seguirá subsistiendo a través de la obligación de todos los ciudadanos de colaborar a las tareas de la defensa en el caso de que una crisis grave o una agresión exterior obliguen a una movilización general.

El verdadero problema radica, no obstante, en cómo conseguir que un alto porcentaje de jóvenes elija la carrera de las armas, siquiera sea con carácter personal. En 1997 sólo van a incorporarse 3.500 nuevos soldados profesionales, con lo que el número total rondará los 35.000.

Para contar con unas Fuerzas Armadas profesionales en el 2003 será preciso reclutar entre 10.000 y 15.000 nuevos soldados cada año a partir de 1998 y reponer alrededor de 20.000 bajas anuales una vez que el nuevo modelo esté implantado.

Respecto a los costes del nuevo modelo, las cálculos más prudentes del Ministerio de Defensa lo cifran en 100.000 millones anuales más de lo que se gasta ahora, sobre la base de que, aunque sólo las retribuciones superan esta cifra, podría ahorrarse en manutención y uniformes.

Otras fuentes, sin embargo, doblan esta cifra, ya que estiman que los salarios que se están manejando, menos de 1,5 millones anuales de media, no son competitivos, y tampoco puede pretenderse que los soldados profesionales duerman en el cuartel, como hacen los de reemplazo.

La profesionalización de las Fuerzas Armadas no sólo supone aumentar los gastos de personal, sino también modernizar el material y las Í instalaciones, por lo que el Ministerio de Defensa pretende incrementar su presupuesto desde el actual 1, 1 % hasta el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que equivale a más de 300.000 millones anuales.

La gran baza, y el punto flaco, del nuevo modelo es ofrecer a los futuros soldados profesionales una alta probabilidad de encontra empleo al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas. Defensa pretende que los ex soldados profesionales tengan prioridad a lo hora de ocupar puestos en la Administración central, así como en las autonómicas y locales, especialmente en los cuerpos policiales.

El problema está en que sería necesaria toda la oferta pública de empleo -que en 1992, cuando fue más alta de toda la década, no llegó a 20.000 puestos- para recolocar los excedentes de los ejércitos. Defensa cuenta con que una parte de los soldados profesionales se quede definitivamente en el Ejército, no sólo mediante la promoción interna a suboficiales, que ya existe ahora, sino también con la creación de una tropa permanente.

Estos soldados profesionales de por vida no podrían ocupar, lógicamente, a partir de determinada edad, destinos que requirieran alto rendimiento físico, por lo que tendrían que pasar a puestos auxiliares y burocráticos.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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