7.000 millones entre rejas

"Si nosotros gobernamos no se abrirá la macrocárcel". El PP está cumpliendo a rajatabla la promesa del presidente del Congreso, Federico Trillo, durante la última campaña electoral. La polémica sobre la prisión, situada en el término municipal de Zuera, a medio camino entre Zaragoza y Huesca, ya empieza a calificarse en los pasillos de la Presidencia del Gobierno como "el Lemóniz del PP", en referencia a la central nuclear vizcaína cerrada por el Gobierno de UCD tras varios atentados de ETA contra las instalaciones y miles de millones empleados en su construcción.En Zuera se han gastado 7.000 millones de pesetas. La macrocárcel está terminada hace meses, pero sus instalaciones, en las que comienzan a hacer mella las inclemencias del tiempo, permanecen vacías mientras en las demás prisiones de Aragón se hacina un número excesivo de presos. La población reclusa de los penales de Torrero (Zaragoza) y Huesca supera las 400 personas en unas instalaciones antiguas y deterioradas. El centro penitenciario de Teruel está igualmente obsoleto, pero el menor volumen de reclusos hace la vida más llevadera.

Las penurias de los reclusos de Aragón no sólo son difundidas por los familiares de los internos, los ex reclusos y las orgaNizaciones que colaboran en su reinserción social. La situación ha merecido la denuncia del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, y de su equivalente autonómico, el Justicia de Aragón Juan Monserrat. También el juez de vigilancia penitenciaria -que ha pedido el cierre de las instalaciones caducas- y los funcionarios de prisiones han insistido en las condiciones "inhumanas" en las que viven los presos en Aragón. El propio presidente regional, el popular Santiago Lanzuela aseguraba "compartir plenamente" las opiniones del Defensor.

Pero el presidente aragonés reconocía, nada más llegar al cargo, que las pintadas en contra de la cárcel que aún hoy se ven al viajar entre Huesca y Zaragoza le revuelven el estómago. Lanzuela asegura conocer los extremos de la carta que, el pasado 13 de noviembre le dirigía Álvarez de Miranda relatándole las pésimas condiciones de los centros de Huesca y Zaragoza, e interesándose por los motivos por los que su gobierno no concede las tres licencias que faltan para que el agua, la luz y el gas permitan poner Zuera en marcha. De otorgarlas, "ese mismo día se podría trasladar a los reclusos", según reconocen en fuentes penitenciarias del Ministerio del Interior, que eluden pronunciarse oficialmente en este asunto.

Zuera nació polémica. Quienes trataron en un primer momento de sacar partido económico de su construcción se convirtieron en sus mayores detractores cuando la construcción se instaló fuera, aunque en terrenos colindantes, de su término municipal. A partir de ahí la comarca se dividió y desembarcaron los intereses de los partidos. Mientras el PSOE defendía la instalación del nuevo centro, el PP, Izquierda Unida, el Partido Aragonés (Par) y la Chunta Aragonesista movilizaban a sus bases en contra.

Se manejaron argumentos como el vertido de las aguas residuales del centro (en cuyos planes está prevista una depuradora, de la que carecen numerosas empresas de la comarca); la posibilidad de que "muchos" de los presos estuvieran "enfermos de sida", y advertencias sobre la "peligrosidad" de los familiares que visitarían a los internos.

También -recientemente y por boca de propios dirigentes políticos regionales- se aseguró que el nuevo centro, que tendrá capacidad para 2.000 reclusos, serviría para cobijar a internos altamente conflictivos y a "gran cantidad de etarras".

Tras el verano, empleados de la empresa que construye la cárcel llegaron a colocar el rótulo con el nombre del centro penitenciario, lo que presagiaba su inminente entrada en funcionamiento. Sin embargo, las presiones de la Presidencia del Gobierno regional provocaron que Interior plegara velas y, al día siguiente, otro trabajador retiró una a una las letras del cartel. Los consejeros de Lanzuela se han adelantado a la respuesta oficial al Defensor del Pueblo u ya han dicho que no habrá licencias, pese a que todos los intentos por reconvertir las instalaciones a otro uso han fracasado. Se llegó a plantear transformarlo en residencia militar, de la tercera edad o en una escuela de capacitación agraria, pero es que el centro de Zuera sólo está hecho para ser una cárcel.