La gran reforma

ESPAÑA SOPORTA un índice de paro que duplica el europeo. Aunque las reformas laborales introducidas en los últimos años parecen haber producido ciertos resultados -el crecimiento económico se traduce en empleo de forma más directa-, el paro sigue siendo el problema que más preocupa a la sociedad española. El estancamiento de la oferta de trabajo frena el consumo y obstaculiza un despegue más firme de la economía, lo que en último término impide crear más empleo. Ante este círculo vicioso, muchos expertos defienden la necesidad de una nueva reforma laboral, más aún cuando la competencia ya próxima dentro de la moneda única europea terminará por exigir un marco laboral más homologable para que las empresas españolas no se vean abocadas al cierre en tiempos de crisis.La liberalización del mercado de trabajo es, con todo, una de las reformas más polémicas y probablemente más difíciles. Su complejidad nace de la división radical del empleo en España en dos grandes bloques: los que disfrutan de un contrato indefinido, protegido por leyes que elevan el coste del despido, y los trabajadores que viven acuciados por el síndrome de la precariedad al estar sujetos a un régimen de contratación temporal sin costes de despido. Las sucesivas reformas ejecutadas por los Gobiernos del PSOE han elevado la contratación temporal desde el 10% del total de empleos registrados en 1984 hasta el 35% que se contabiliza hoy.

Si hay pocas dudas sobre la necesidad de una flexibilización del mercado de trabajo para combatir el paro, es importante distinguir de qué tipo. Las modalidades de contratación temporal, multiplicadas hasta el disparate en los últimos años, han resultado útiles durante más de un decenio, pues han contribuido a absorber el crecimiento de la población activa. Pero sus efectos nocivos de dualización social y depresión persistente del consumo empiezan a convertirse en problemas de primera magnitud que deben ser corregidos cuanto antes. En caso contrario la convergencia real con Europa tardará décadas, si es que llega.

Al confundir flexibilización del empleo y contratación temporal se ha soslayado la necesidad de avanzar en una liberalización más útil para la creación de empleo como es la reducción del coste del despido. Este olvido está justificado en el temor de que las empresas utilicen abusivamente las posibilidades de despido barato. Por eso es necesario que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo político y técnico para establecer las condiciones de la nueva reforma laboral, que ya no puede estar basada en fomentar el empleo precario, sino en la creación de mejores condiciones de rotación laboral y formación profesional.

Los empresarios empiezan a darse cuenta de que la temporalidad en la contratación tiene efectos muy graves en la formación profesional de los empleados y en un consumo cauto ante la precariedad del puesto de trabajo. Los sindicatos han acabado por admitir, aunque no de forma explícita, que el coste del despido, entre otros factores, es un muro de contención para el empleo estable. La CEOE y los sindicatos han afrontado una negociación ambiciosa, plasmada en dos grandes mesas de debate -Estructura de la Negociación Colectiva y Desajustes en el Mercado Laboral-, en la que se han admitido tácitamente dos grandes principios: la contratación temporal es excesiva y es necesario encontrar fórmulas que permitan conjugar la flexibilidad laboral con estabilidad del empleo. Las organizaciones sindicales parecen estar de acuerdo también en que es necesario clarificar las condiciones de despido.

En el curso de esta negociación han aparecido fórmulas imaginativas, todavía en fase de análisis y estudio, como el contrato de larga duración e indemnización pactada, anunciado recientemente por el presidente de Fomento del Trabajo, Joan Rosell. Propuestas como la mencionada pueden servir de hipótesis sujetas a posteriores perfeccionamientos. Pero lo realmente. importante es que las fuerzas sociales agoten las vías de debate y produzcan una reforma pactada del mercado de trabajo. En este caso es tan importante el hecho del pacto en sí como el propio contenido. La experiencia reciente demuestra que cuando una de las partes se desmarca del acuerdo las reformas producen efectos limitados, cuando no fracasan abiertamente.

En este sentido, la inquieta intervención del presidente del Gobierno, José María Aznar, urgiendo una pronta conclusión de las negociaciones, bajo amenaza de intervención desde el Ejecutivo, es, como mínimo, prematura. Que se sepa, la negociación no se ha estancado. Más que forzar la situación, el Gobierno debería cuidar que la negociación no se rompa por futilidades o malentendidos derivados del lanzamiento de mensajes en forma de globos sonda.