El juez del 'caso Calvià' hace un registro contable en la sede del PP en Palma

El magistrado Javier Muñoz, del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que investiga la presunta vinculación del Partido Popular (PP) en el caso Calvià -intento de soborno de un concejal del PSOE por parte de dos militantes del PP y un comisionista- efectuó el jueves un registro oficial de cuatro horas en la sede central de la organización en Palma. La comisión judicial del Tribunal Superior fotocopió diversa documentación contable del partido correspondiente a los años 1992, 1993, 1994 y 1995.Es la tercera ocasión, en los últimos cuatro años, en que un juez reclama examinar las finanzas del PP balear para ponderar su relación con presuntos casos de corrupción política.

Con anterioridad, en 1992, el magistrado José Zaforteza ya investigó los movimientos bancarios del partido conservador, durante la primera instrucción del caso Calvià, con el fin de saber si en las cuentas del partido existían fondos suficientes para pagar los 100 millones de pesetas prometidos al concejal del PSOE de Calvià para cambiarse de bando. Zaforteza no halló pruebas y exculpó al PP y al ex presidente balear Gabriel Cañellas.

Meses atrás, por otra parte, el magistrado del caso Sóller, Juan López Gayá, reclamó los balances contables y depósitos del PP para determinar si se anotaron oficialmente los pagos electorales, que fueron enjugados con supuestas comisiones del túnel de Sóller, en 1989, según la documentación de la policía y de Hacienda que obra en el sumarlo. López Gayá cruzó las cuentas de gastos y los donativos recibidos con los movimientos bancarios y examinó las declaraciones fiscales de los altos cargos.

Muñoz efectuó semanas atrás diferentes registros en sedes bancarias para indagar sobre la existencia de pólizas y cuentas usadas por implicados en la trama oculta del caso Calvià, un asunto que cuenta con sentencia firme del Supremo de 1994. Ahora, con la intervención en la oficina del PP, se pretende documentar si en las finanzas oficiales del partido quedó constancia de la trama financiera usada por la cúpula del partido para retribuir y acallar a los dos condenados -sancionados con sendas multas de 100 millones de pesetas- y para pagar las minutas de los diferentes abogados que participaron en la defensa de los implicados.

Sobres con dinero

Dos ex cargos del PP, el condenado en el caso, Andrés Bordoy, y el actual imputado, Eduardo Vellibre, aseguraron en sus recientes declaraciones judiciales que desde el PP se les entregaron sobres con dinero con este fin y señalaron como pagadores al ex diputado y ex consejero Francisco Gilet y al ex secretario general y actual consejero José Antonio Berastáin. Vellibre asegura que Berastáin le dio dos millones en un sobre para gastos de defensa y que los anotó como gastos de la sede de Calvià."Yo ya no me fío de nadie", sostiene Berastáin, quien niega toda relación del PP con este intento frustrado de soborno al concejal del PSOE y se siente víctima de acusaciones de personas que obran con mala fe. Por su parte, el presidente del PP balear, Juan Verger, que permaneció en la sede mientras el juez efectuaba el registro y recogía copias de documentos, quiso expresar ayer su completa tranquilidad sobre la actuación judicial, pero mostró su desconocimiento acerca de qué documentos buscaba y a qué casos de supuesta corrupción del PP se dirigía la búsqueda. "[El juez] no puede especificar", dijo Verger, "si era sobre el caso Calvià, el caso Sóller o el caso Agricultura [compra con comisiones de una sede oficial del Gobierno balear]. Supongo que era documentación sobre todos los casos judiciales que afectan al PP".