El fiscal jefe de la Audiencia Nacional insta a Liaño a cerrar cuanto antes el 'caso Lasa-Zabala'

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, quiere que concluya cuanto antes el caso Lasa-Zabala y que se levante ya el secreto del sumario. Por ello, ha ordenado al fiscal Jesús Santos que reclame ambas medidas al juez instructor Javier Gómez de Liaño, y le precisa que, en caso de que éste se niegue, le pida información sobre las pruebas que tiene previsto realizar, en las próximas fechas en el citado proceso. Santos no ha cumplimentado todavía las instrucciones de Aranda, aunque en medios de la Audiencia Nacional se recordaba ayer que las peticiones del fiscal no vinculan al magistrado.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional cree que el sumario en el que se investiga el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala ya no da mucho más de sí. Se ha investigado hasta donde se ha podido y Aranda cree que es el momento de levantar el secreto de las actuaciones y llevar el caso a juicio.Por eso ha dado instrucciones al fiscal Jesús Santos, encargado del caso, para que así se lo reclame al juez Gómez de Liaño. Santos antes de cumplir la orden está estudiando las actuaciones que a su entender quedan pendientes para concluir el sumario.

En este sumario están procesados los ex guardias civiles Enriqpe Dorado y Felipe Bayo -presuntos autores materiales del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala-; el general Enrique Rodríguez Galindo -presunto autor por inducción de los mismos hechos-; el ex gobernador de Guipúzcoa y ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga -presunto autor-; el abogado vinculado a Interior Jorge Argote -presunto autor de delito autónomo de encubrimiento-, -y el ex secretario de Estado Rafael Vera, procesado como autor del mismo delito.

El juez, mientras tanto, no tiene previsto levantar el secreto del sumario ni concluir el caso antes de efectuar un elevado número de diligencias. Entre éstas, Gómez de Liaño quiere citar a declarar a todas las personas que fueron detenidas en la redada realizada por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Tolosa como consecuencia de las confesiones arrancadas a Lasa y Zabala.

El magistrado tiene también previsto concluir la investigación patrimonial sobre el general Rodríguez Galindo y los agentes procesados, y tiene también pendiente llamar en calidad de imputada a la esposa del general, María Fernanda Alvarez de Sotomayor.

También está pendiente el magistrado de la resolución que puedan adoptar las salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo sobre la desclasificación de papeles del Cesid. Una decisión en el sentido de que se desclasifiquen algunos de estos documentos, de cuya presunta copia ya se dispone en el sumario, podría afectar, entre otras cuestiones, al procesamiento del teniente Pedro Gómez Nieto, ex jefe de los Patas negras o grupos Omega, creados por Luis Roldán. Gómez Nieto estuvo procesado como autor de los asesinatos de Lasa y Zabala en base a un documento que figura en el sumario, pero que se encuentra declarado secreto.

Este papel sería la transcripción de una conversación mantenida entre el oficial y el coronel Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid, en la que el primero habría confesado a su superior que la muerte de Lasa y Zabala fue consecuencia de "dos tiros en la cabeza". El Ejecutivo ha negado en reiteradas ocasiones que un documento de esa naturaleza, o la cinta magnetofónica de la que supuestamente se transcribió, se custodie en el Cesid.

El fiscal jefe Aranda ya advirtió hace dos semanas a Gómez de Liaño que no era competente para investigar las filtraciones sobre aspectos del caso Lasa-Zabala, por entender que, en todo caso, la competencia correspondería a un juzgado de instrucción de los de Madrid.

El juez, sin embargo, no ha resuelto sobre la cuestión de competencia planteada por el fiscal y ha seguido tomando declaración a periodistas de varios medios informativos sobre las filtraciones relativas al sumario Lasa-Zabala.

Aranda ha vuelto a plantear ahora a Gómez de Liaño que no es competencia suya -ni de la Audiencia Nacional- la investigación de un presunto delito previsto en el artículo 466 del Código Penal.

La Audiencia Nacional es competente para investigar delitos de terrorismo, narcotráfico, delitos contra el jefe del Estado, los cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, falsificación de moneda, estafas que afecten a la economía nacional, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, extradiciones y otros delitos que rebasen el ámbito de una audiencia.

El fiscal Aranda entiende que la revelación de actuaciones procesales secretas, que sería el objeto de la investigación sobre las filtraciones que lleva a cabo Gómez de Liaño, no entra dentro de ese cúmulo de delitos cuya competencia tiene atribuida la Audiencia Nacional.