Funcionarios, 12-D

LA AMENAZA de huelga general de los funcionarios para el próximo 12 de diciembre es una respuesta a la congelación de sus salarios -tercera en esta década-, pero también a la demostrada voluntad del Gobierno de Aznar de evitar toda negociación. en esta materia y dar por hecho que la enunciación de un deseo equivale a un pacto sellado. En los últimos seis años los funcionarios han perdido un 11% de poder adquisitivo como resultado de diversos ajustes realizados por los gobiernos socialistas y, más allá de la congelación decretada para 1997, la perspectiva de los ejercicios siguientes es igual de sombría. Su protesta no carece, pues, de argumentos, por más que a estas alturas del año tenga escasas posibilidades de cosechar resultados inmediatos. Parece que no aspira tanto a conseguir una poco verosímil rectificación de un Presupuesto que está ya en puertas del Senado como a dejar constancia de la capacidad de movilización de unos sindicatos que reclaman compensaciones en las mesas de negociación abiertas o por abrir.Al malestar de la clase funcionarial hay que añadir en este caso la extraña política del Gobierno -verificable en varios departamentos-, que consiste en enunciar las reglas que afectan a colectivos importantes sin intención o voluntad de negociar su aplicación con quienes van a sufrirlas (o disfrutarlas). En el caso concreto de la congelación salarial de los funcionarios, el Gobierno se limitó a comunicar el crecimiento cero de los salarios y suspender las vías de negociación sobre este asunto. Quizá esperaban los estrategas del Gobierno que la simple comunicación bastase para convencer a los funcionarios de que "es necesario un esfuerzo"; pero, como en el caso reciente de la minería, la invocación de las soluciones que proponen los ministerios no basta para que sean admitidas por los destinatarios.

¿Debe el Gobierno dar marcha atrás y negociar una subida salarial para los empleados de la Administración o, por el contrario, ha de mantenerse firme en su decisión? En términos presupuestarios -estrictamente económicos-, la vuelta atrás es sumamente complicada. El coste (consolidado) de los funcionarios de la Administración central y de la Seguridad Social asciende a 4,4 billones de pesetas. Una revisión puramente testimonial de un punto tendría un coste de 44.000 millones, que ascendería a 80.000 millones en el caso muy probable de que el ejemplo fuera seguido por ayuntamientos y comunidades autónomas. Demasiado para un Presupuesto débil. que sólo alcanza el objetivo de déficit (3% del PIR) si se cumplen las hipótesis más favorables de crecimiento. Además, el Gobierno se vería obligado a afrontar otros ajustes internos de gasto y la previsible reacción de los nuevos colectivos afectados.

Pero, si es difícil la marcha atrás, cabe al menos no empeorar las cosas. Eso es lo que intentó ayer el ministro Rajoy al plantear un pacto a tres años que pasaría por mantener la congelación en 1997 a cambio de un compromiso del Gobierno de subidas equivalentes al IPC en los dos ejercicios siguientes. En definitiva, una garantía de que los futuros ajustes no se guirán recayendo sobre los funcionarios. Los sindicatos mantienen, pese a todo, su exigencia de revisar los salarios de 1997, pero ahora hay sobre la mesa al menos una propuesta que no consiste sólo en pedir sacrificios inmediatos sin ningún horizonte de compensa ción. La mesa de negociación que se abre el 3 de diciembre, aunque no esté destinada expresamente a cuestiones salariales, debe servir como mínimo para . asegurar que los recortes del gastó presupuestario en ejercicios sucesivos no sigan castigando de forma monotemática y exclusiva a los empleados de la Administración. Otra cosa sería un despropósito social. El Gobierno tiene que poner todos los medios para planificar la aportación real del capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado a la contención del déficit durante los próximos años para evitar la reedición del actual conflicto.

Estas razones, más la general de involucrar a los agentes sociales en la definición de los ajustes económicos que requiere la unión monetaria, avalan la tesis de que la negociación, con la definición de contenidos que se decida, es la vía más práctica y quizá menos costosa a la larga para solucionar un conflicto innecesario. Sería bueno que, quizá por primera vez, el equipo de Aznar aprenda a coordinar las urgencias económicas con el ritmo político de la negociación y el compromiso; de lo contrario, como demuestran las estruendosas vueltas atrás en la minería o en algunas privatizaciones, estará condenado a deshacer permanentemente lo que dice que va a hacer.