Mariscal de Gante pretende que solo los jueces elijan al Consejo del Poder Judicial

La ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, independiente, está dispuesta a ayudar en lo que pueda a que el Partido Popular cumpla su programa electoral. Así pretende que no quede en aguas de borrajas la pretensión de que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento como ocurre ahora. La ministra inicia una labor de persuasión con CiU y PNV para que le ayuden a cambiar la actual legislación que tendrá en contra al PSOE y a Izquierda Unida.En una reunión con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la titular de Justicia se comprometió a que en el primer trimestre del año o a lo sumo en el siguiente se produzca "un debate parlamentario" sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la elección de los vocales del CGPJ. "No digo que esté politizado pero sí que se ha transmitido la imagen de politización", dijo la ministra respecto a ese órgano del que fue vocal desde 1990 hasta que en esta primavera José María Aznar la llamó para formar parte del Gobierno.

Hasta ahora el PP no ha podido llevar este deseo de cambiar la ley que persigue desde que fue modificada en 1985 por falta de apoyos. Los nacionalistas siguen dando por válido el sistema según el cual los 20 consejeros son elegidos por el Parlamento. Doce de ellos son jueces y el resto juristas. A este respecto la diputada socialista y ex secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer que los jueces "ya tienen voz y presencia" dado que nada menos que 12 de los miembros del Consejo son de esa carrera.

Se pregunta Fernández de la Vega por qué esa desconfianza en el Parlamento y toda la confianza en las asociaciones de jueces y magistrados. A su juicio, el sistema de elección corporativa " politiza más porque la lucha por estar en los puestos empieza ya desde las asociaciones".

La titular de Justicia es consciente de que en el PSOE y en Izquierda Unida poco tiene que hacer, por lo que destinará todos sus esfuerzos "a convencer a los socios parlamentarios". De momento no se apea de que el Tribunal Constitucional tenía razón al considerar acorde con la Carta Magna el modo de elección parlamentario, pero añade que "existen riesgos de transmisión de politización".