El registro de embriones no garantizará la confidencialidad
El proyecto de registro nacional de fecundación asistida no garantiza suficientemente el anonimato y la intimidad de las personas que se someten a estas técnicas, según coincidieron ayer los principales especialistas de Cataluña. La Sociedad Española de Fertilidad se ha dirigido al Ministerio de Sanidad para advertir que, tal como está proyectado, el modelo de registro puede vulnerar la confidencialidad y el derecho a la intimidad, puesto que obliga a notificar a la autoridad sanitaria el nombre y apellidos de todos los usuarios de estas técnicas, tanto de los donantes de semen o de óvulos como de las mujeres receptoras.La notificación del nombre de los donantes tiene por objeto garantizar el cumplimiento de uno de los apartados de la Ley de Reproducción Asistida, que establece un límite de seis descendientes por cada donante. Este hecho obliga a correlacionar al donante con las posibles receptoras, de modo que se pueda saber en cada momento cuántas fecundaciones se han hecho de un mismo donante y bloquear la posibilidad de que siga donando o pueda utilizarse su semen tras el sexto embarazo.
Pero el procedimiento previsto en el proyecto de registro, regulado por una orden ministerial del anterior Gobierno socialista, no garantiza la confidencialidad, según indicó ayer Joaquim Calaf, responsable del programa de FIV (fecundación in vitro) del hospital de Sant Pau. "Debería buscarse otro procedimiento que no utilice el nombre real de la paciente", añadió Montse Boada, del Instituto Dexeus.
Comisión sin crear
Los especialistas reunidos ayer para presentar el primer informe de la Comisión Catalana de Fecundación Asistida, la primera que funciona en España, denunciaron el retraso en el desarrollo de la Ley de Reproducción Asistida de 1988, que daba un plazo de seis meses para crear una comisión nacional encargada de velar por la aplicación de estas técnicas y resolver los problemas que pudieran plantearse. Por ejemplo, la existencia de varios miles de embriones que ya tienen más de cinco años y, por lo tanto, sobrepasan los límites legales de conservación establecidos en la ley, de modo que los bancos que los guardan ni tienen una autorización expresa de los progenitores para efectuar una donación ni pueden destruirlos.Hasta hace un año -es decir, con seis de retraso-, el Gobierno del PSOE no abordó el desarrollo de la ley de 1988, y lo hizo mediante dos decretos y una orden ministerial en los que se establecían los requisitos para la donación de óvulos o semen, la creación de la comisión nacional y el funcionamiento del registro, que permitirá saber cuántas fecundaciones se realizan por estas técnicas y dónde. Un año después la comisión sigue sin crearse.
