Balance de seis meses

A FINES de mayo, el recién estrenado Gobierno, antes de anunciar las primeras medidas de su política económica, revisaba a la baja las previsiones de crecimiento para 1996. Esa redefinición del escenario macroeconómico heredado era razonable, a la vista del menor pulso exhibido por el conjunto de las principales economías europeas. El Gobierno destacaba, sin embargo, como principal causa de ese debilitamiento la inestabilidad política que el país había vivido antes de que se inaugurara la nueva legislatura. La apuesta era que el nuevo Gobierno daría confianza a los mercados y a los Consumidores, lo que permitiría una reactivación en el segundo semestre compatible con el mantenimiento de los equilibrios básicos.Desde esa confianza, a comienzos de junio, el Gobierno aprobaba un conjunto de medidas orientadas a la "dinamización de la economía". Se trataba, sin embargo, de actuaciones orientadas preferentemente a la desregulación de algunos sectores y a la generación de incentivos fiscales de un alcance limitado entre la población española. La extensión de aquellas medidas liberalizadoras sobre el suelo, telecomunicaciones, colegios profesionales, servicios funerarios, energía y combustibles- dejaba fuera los mercados y sectores más sensibles. Con todo, la intención era saludable en la dirección de liberar a la economía española de algunas trabas con incidencia sobre los mecanismos de formación de precios. Otra cosa es su eficacia en relación a ese objetivo reactivador. La economía española crecerá previsiblemente algo por debajo del 2,3% previsto, y lo hará en sectores poco sensibles, por el momento, a las medidas anunciadas hace seis meses.

La apuesta por la reactivación no acaba de verificarse. Esa apuesta es, sin embargo, decisiva para cuadrar las cuentas del Estado en 1997, dada la ausencia de reformas en la estructura del gasto público, agravada por el incremento del mismo que se derivará del nuevo sistema de financiación autonómica. La única medida verdaderamente de ahorro contemplada en los Presupuestos, la congelación salarial de los funcionarios, es vivida por éstos como un agravio comparativo -a fines de 1997 habrán perdido más del 10% de capacidad adquisitiva en los últimos años-, y la convocatoria de huelga general salida de la movilización de ayer en Madrid ilustra los riesgos asumidos por el Gobierno en ese terreno. Los efectos del mal planteado y peor explicado intento de racionalización del sector energético -conflicto del carbón- demuestran la distancia entre la visión teórica y su plasmación práctica. En fin, la puesta en entredicho de instituciones básicas para el sistema económico Nacional del Mercado de Valores o Comisión Nacional del. Sector Eléctrico- y la política de nombramientos en las empresas públicas encajan mal con las promesas de transparencia enunciadas por el PP cuando aspiraba a desplazar del poder a los socialistas.

Es cierto, sin embargo, que si se confrontan los indicadores macroeconómicos con los existentes hace seis meses, se constata su evolución favorable. La inflación camina por una senda de manifiesta reducción, a la quehan contribuido sin duda la contención durante casi tres años del crecimiento de los salarios, la atonía del consumo y el celo del Banco de España. El sector exterior refleja igualmente esa obligada salida a los mercados ex teriores de las empresas españolas en un contexto de atonía de la demanda nacional. La reducción del gasto público, por último, está contribuyendo, a pesar del des censo en los ingresos, a un saneamiento de las cuentas públicas que ha permitido la bajada de los tipos de interés. La asignatura que sigue pendiente es el desempleo y la precariedad del trabajo existente. El vicepresidente Rato insistió el viernes en el carácter estructural del paro en España, derivado de la incorporación de la mujer al mercado laboral, la despoblación del campo y otros factores dificilmente controlables: aquello que él consideraba meras excusas cuando lo argumentaba Solbes. En todo caso, mientras esa variable no mejore será difícil que despegue el consumo familiar, decisivo ahora para hacer efectiva la reactivación. A esa preocupación intenta responder el anuncio por Aznar de su intención de dotar de mayor flexibilidad a la contratación laboral a partir del próximo año. Junto a nuevos estímulos fiscales para la participación de la iniciativa privada en la financiación de obras públicas, el presidente anunció ante la patronal catalana su propósito de flexibilizar el mercado de trabajo si las negociaciones entre los sindicatos y la CEOE no conducen a ese objetivo. Los sindicatos respondieron ayer que la negociación en curso se romperá si se pretende introducir mayor flexibilidad, y anunciaron movilizaciones. Aznar se encuentra, así pues, ante el dilema de todo gobernante: elegir, de entre varios males, el menor.