Los sindicatos exigen al PP que no cree más caos con la reforma laboral

El anuncio de un contrato más flexible y de una nueva reforma laboral para las primeras semanas de 1997, lanzado el viernes por el presidente José María Aznar, ha provocado el más rotundo rechazo de los sindicatos. El líder de UGT, Cándido, Méndez, pidió al jefe del Ejecutivo "que abandone cualquier pretensión de imponer más reformas laborales, que son una patraña para generar mas crispación". Y le dio un consejo: "No extienda más el caos de su Gobierno con una reforma laboral".El secretario general de CC 00, Antonio Gutiérrez, analizó con desdén la propuesta: "Se saca ahora de la manga un llamado contrato ágil, y quien se hace merecedor de un contrato breve en La Moncloa es el señor Aznar".

Los dos sindicalistas criticaron también que esa propuesta se haya lanzado ante la patronal catalana Fomento del Trabajo y reclamaron más respeto hacia la negociación que mantinen ambas centrales con la cúpula de los empresarios CEOE-CEPYME. En ese foro los agentes sociales debaten cómo facilitar a las empresas más flexibilidad para competir, y cómo combatir la dualidad entre los trabajadores temporales y fijos, pero no un aumento de la precariedad, que es lo que a juicio de UGT y CC OO supone ese contrato expuesto por Aznar.

Propuesta de López Garrido

El coordinador federal de Nueva Izquierda, Diego López Garrido- coincide también en que el Partido Popular ha abierto un nuevo frente de crispación con su anuncio de un contrato flexible. Asimismo cree que las fuerzas políticas de izquierda deben tomar posición: "No podemos esperar a que nos vengan con otra reforma laboral para decir no. Debemos elaborar una alternativa en sintonía con los sindicatos. Llamo a los partidos de izquierda a elaborar esa alternativa". Desde la dirección del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves rechazaron asimismo la propuesta de Aznar.Otros dirigentes sindicales, como Ignacio Fernández Toxo (CC OO), Jesús Pérez (UGT) o Ramón Górriz (CC OO) aseguraron que el Gobierno con sus declaraciones está poniendo en peligro la negociación entre CEOE y los sindicatos. Ellos auguran que, si se activa una nueva reforma laboral impuesta, el Gobierno se puede encontrar con un año 1997 cargado de conflictividad por el contencioso de los mineros aún pendiente de negociar, la privatización de empresas públicas, los ajustes anunciados en los astilleros y Santa Bárbara, y la congelación salarial de los empleados públicos.