El fiscal pide cuatro años y nueve meses para un ex edil de Móstoles

El único edil del CDS de Móstoles (196.500 habitantes) en el pasado mandato municipal, Ángel Álvarez, malversó caudales públicos y utilizó facturas falsas para justificarlo, según las conclusiones expuestas ayer por el fiscal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid. Por ambos delitos, supuestamente cometidos entre 1991 y 1993, pidió un total de cuatro años y nueve meses de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta para de sempeñar un cargo público y una multa de 1.000 pesetas diarias durante nueve meses.En concreto, el fiscal considera que Álvarez malversó los 5,8 millones de pesetas que recibía anualmente, en virtud de un acuerdo plenario de junio de 1991. En dicho pleno todos los grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, IU y CDS) aprobaron subvencionarse a costa de las arcas municipales. A mayor número de concejales, mayor cantidad de dinero. Como tal posibilidad no figura en la Ley Electoral ni en la de Financiación de Partidos Políticos, el colectivo Los Verdes, que entonces carecía de representación municipal, denunció el hecho ante un juzgado de Móstoles por parecerle extraño.

El resultado judicial fueron dos procesos distintos. Uno exclusivo contra Álvarez, por falsificar las facturas con las que justificó el gasto de la subvención (cuyo juicio se reanudará el próximo viernes en la Audiencia), y otro contra todos los concejales, por subvencionar a sus grupos políticos. Este último proceso se halla ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia. Este tribunal ha tomado ya declaración a todos los concejales del mandato pasado.

Con independencia de lo que determine el Tribunal Superior, el fiscal de la Audiencia Provincial aseguró ayer: "Álvarez dispuso de dinero público en su propio beneficio. Ese dinero" agregó , "tenía un fin público y: sin embargo, hizo con él lo que le dio la gana, justificándolo después con facturas falsas".

Interventor municipal

En el delito de falsificación que le atribuye el fiscal a Álvarez, se ha visto indirectamente implicado el interventor municipal, Carmelo Cerezuela. A este funcionario del Estado, el fiscal le imputa un delito de infidelidad en la custodia de documentos y le pide un año de prisión de acuerdo con el antiguo Código Penal. O, alternativamente, y de acuerdo con el vigente código, esa misma pena más siete meses de multa (a 1.000 pesetas diarias) e inhabilitación para ejercer un cargo público durante tres años.Tal infidelidad se produjo, según el fiscal, cuando el interventor permitió a Álvarez retocar unas facturas ya presentadas a su departamento. Y es que Carmelo Cerezuela debía aportar dichos documentos directamente ante el Juzgado número 2 de Móstoles, donde se inició el proceso.