Presidente transitorio

LA SOSPECHA de politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que parecía haber remitido tras la reciente renovación de sus miembros, vuelve a planear sobre sus decisiones. La inesperada elección de José Augusto de Vega como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -que juzgará. el caso Marey, uno de los sumarios de los GAL- obligó al recuento detallado de votos para saber por qué el candidato con más probabilidades, Luis Román Puerta, no obtuvo la presidencia. La reconstrucción del proceso de votación es compleja, pero de resultado claro: los votos de los magistrados propuestos por CiU se unieron a los del PSOE, y no a los del PP. Las interpretaciones, sin duda, pueden ser variadas. Pero es lícito deducir de todo el proceso que cada formación política pugnó por su candidato. Y si se acepta que hubo presiones por parte del PSOE para que finalmente saliera elegido Vega, un paralelismo lógico lleva a razonar que también las hubo por parte del PP para que saliera Puerta. La consecuencia es inquietante: hoy como ayer los consejeros elegidos a propuesta de cada uno de los principales partidos votan en bloque en favor de sus candidatos.En cuanto a la elección en sí misma, hay que destacar que José Augusto de Vega ya venía desempeñando el cargo en funciones desde que el 22 de mayo último se jubiló el presidente designado por el anterior Consejo, Fernando Cotta. Ante la falta de consenso sobre el nuevo nombramiento -Vega obtuvo 11 votos por 9 de Puerta y 1 en blanco-, cabe elogiar que se haya optado por la solución menos definitiva. A Vega le queda un año para su jubilación; a Puerta, ocho.

Como ocurrió en el caso de Cotta, la designación de Vega gustará a unos y disgustará a otros. Con la de Román habría ocurrido otro tanto. En ambos casos se examina mas el sentido de su voto sobre la citación o no de Felipe González en el sumario Marey que . sus respectivas trayectorias profesionales. Vega fue uno de los seis magistrados que rechazaron la comparecencia del ex presidente, y Puerta, uno de los cuatro que apoyaron la petición de suplicatorio. La realidad es que los 10 magistrados que tendrán que decidir sobre el caso GAL siguen siendo los mismos en una sala cuyo presidente, sea el que sea, carece de voto de calidad en caso de empate.