La Audiencia archiva la qurerlla del fiscal sobre la plaza de Oriente

La Audiencia Provincial ha dado carpetazo definitivo a la querella por delitos contra el patrimonio histórico y denegación de auxilio a la justicia que presentó la fiscalía contra técnicos y políticos del Ayuntamiento y la Comunidad, en relación con la construcción de un túnel y un aparcamiento en el subsuelo de la plaza de Oriente. El tribunal, en una resolución hecha pública ayer, ratifica el archivo de la querella decretado el pasado octubre por el Juzgado de Instrucción número 20. Y exculpa a los tres querellados porque no han cometido delito. En todo caso, sostiene, no medió en ellos ánimo de atentar contra ese conjunto monumental.

Los querellados eran José Miguel Rueda, director general del Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; Esther Andréu, codirectora de las excavaciones, y José María Guijarro, director del servicio de Obras del Ayuntamiento. Al primero se le imputaba un delito contra el patrimonio histórico; a la segunda, igual delito y otro de denegación de auxilio a la justicia, y a Guijarro falta de colaboración con la justicia.El Ayuntamiento, en boca de su alcalde en funciones, José Ignacio Echeverría, expresó ayer su satisfacción por la resolución judicial: "Es un gran apoyo para nuestra labor". Sin embargo, Franco González, portavoz de IU, indicó ayer que el alcalde ha "tenido suerte" con la justicia, ya que los "destrozos están ahí" y deberá responder de ellos ante los madrileños. La querella de la fiscalía incluía informes periciales que ponían de manifiesto el grave daño causado durante las excavaciones a los restos de la antigua Casa del Tesoro, del siglo XVI, y a un muro árabe del siglo XI.

El fallo del tribunal (integrado por Félix Alfonso Güevara, Carlos Ollero y Pilar Abad) da la razón al Juzgado número 20 en la inexistencia de delito. No obstante, la sala expresa su "profundo y sincero sentimiento de preocupación ante la posibilidad" de que las obras puedan producir "cualquier clase de daño o deterioro en un entorno de interés histórico, artístico y cultural". "Lo que merece", añade, "la máxima protección de las autoridades".

La polémica destrucción de restos de la plaza de Oriente surge tras la decisión municipal de construir un túnel y un aparcamiento en su subsuelo (más de cuatro mil millones de inversión). Las obras fueron adjudicadas a tres constructoras. Estas, a su vez, subcontrataron a los arqueólogos Esther Andréu. y Manuel Retuerce para que informasen sobre el valor de los vestigios que pudiera haber en el subsuelo. Al enfilar las excavaciones la fachada de la Casa del Tesoro, Andréu. y Retuerce discreparon sobre el valor de los elementos que allí había. Retuerce era partidario de conservarlos, y Andréu no: les restó importancia. La Comunidad, a la vista del informe de Andréu, dio luz verde a la demolición de los restos y al traslado de los pocos elementos históricos que Andréu consideró valiosos. Fue entonces cuando la fiscalía tomó cartas en el asunto.

Entiende el tribunal que "puede haber una controversia científica" sobre el valor de los vestigios, y opina que los informes de Andréu, con "independencia de su mayor o menor acierto científico ( ... ) no desvelan un propósito de determinar un daño al patrimonio". Respecto al delito de denegación de auxilio a la justicia, la sala aduce que ningún querellado ocultó documentos solicitados por la fiscalía durante las pesquisas que propiciaron la querella ahora definitivamente archivada.