10 comunidades exigen la financiación de 239 centros de secundaria para aceptar traspasos

CARLOS ARROYO Las comunidades no están dispuestas a que el Gobierno les transfiera en números rojos las competencias de educación no universitaria, cuya cesión está prevista para el 1 de enero de 1998. Antes de empezar propiamente a negociar, los consejeros de Educación, que hoy se reúnen en Murcia para tratar el asunto, han dejado claras al Gobierno algunas exigencias. En la batalla están en juego, además de un billón largo de pesetas al año, 140.000 profesores y 2,8 millones de alumnos. Las comunidades quieren dinero para construir unos 239 centros de secundaria -con sus correspondientes dotaciones de profesores- y renovar las infraestructuras escolares. Además, rechazan que el restrictivo Presupuesto de 1997 sirva para calcular los recursos transferidos. La semana pasada, Felipe González agitó las aguas al pedir a los socialistas que se negaran a asumir educación sin financiación.

El signo político de los consejeros de Educación es por ahora indiferente: todos los afectados están decididos a mantener la misma posición ante el Gobierno, al que algunos atribuyen la intención de ceder la gestión educativa sin partidas que garanticen la correcta aplicación de la reforma. Trece representantes autonómicos se reunieron el 21 de octubre en Oviedo con el secretario general de Educación, Eugenio Nasarre, al que mostraron su extrañeza y su desacuerdo con la pretensión gubemamental. Los consejeros resaltaron las dificultades con las que tropiezan en pleno periodo de implantación de la Ley Orgánica de Organización General del Sistema Educativo (LOGSE).

Centros concertados

La prolongación de la enseñanza obligatoria de los 14 a los 16 años obligará a la Administración a subvencionar este tramo educativo a los colegios privados concertados para equipararlos a los públicos. Esto supondrá de 25.000 a 30.000 millones anuales desde el año 2000, cuando esté en vigor el 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La aportación para los conciertos comenzará parcialmente en septiembre de 1998, fecha de la implantación de Y de ESO.

Una preocupación de los representantes autonómicos es que el proceso de transferencias consagre las desigualdades entre las comunidades que ya tienen competencias y las que no, e incluso entre las 10 que aún no se han hecho cargo de la educación no universitaria: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. El ministerio que dirige Esperanza Aguirre es partidario de un "modelo unificado" de transferencias, a pesar de que la desigual aplicación de la reforma y los vaivenes demográficos provocan diferencias que, a fin de cuentas, se traducen en dinero.

El peligro de discriminación ha sido puesto de relieve por el ex presidente del Gobierno Felipe González. El jueves, ante un grupo de socialistas con los que se reunió en Gijón, el líder del PSOE manifestó: "Pido a los compañeros que, estando en la oposición o en el poder, rechacen la educación si no hay garantía de financiación que permita la igualdad de oportunidades".

Completar la red de centros, es decir, el conjunto de colegios e institutos que constituyen el nuevo mapa escolar de cada zona, es uno de los aspectos cruciales para llevar a buen puerto la reforma. La determinación exacta de esta red permitirá establecer los servicios de comedor y transporte escolar. Las comunidades socialistas de Castilla-La Mancha y Extremadura, y las populares de Baleares, Madrid y Murcia están en desventaja.

Se consideran básicamente dos tipos de nuevos centros: de 26 unidades (con un coste de 560 millones y un gasto anual de 175 millones en salarios y 15 en funcionamiento) y en tomo a las 10 unidades (coste de 230 millones y gasto anual de 70 millones en salarios y 8 en funcionamiento).

Otro punto de conflicto es la selección del periodo presupuestario que sirva de referencia para la asignación de recursos. El Ejecutivo quiere que los cálculos se hagan en relación a 1997, mientras que los representantes autonómicos intentan recibir más fondos aferrándose a la media de los últimos cinco años. Aunque la culminación de los traspasos está prevista para enero de 1998, las comunidades estiman que durante cierto periodo, el asunto debe ser revisable para adecuar los costes a la realidad.

La reunión de ayer en Murcia es la cuarta entre los representantes autonómicos en los últimos meses. La primera fue en julio en Medina del Campo (Valladolid), la segunda en Oviedo. La tercera, el pasado 7 de noviembre, se celebró en Madrid con la ministra Esperanza Aguirre y su colega Mariano Rajoy, titular de Administraciones Públicas.