La acusación del 'caso Oñederra' recurre al Supremo para conocer 18 documentos secretos reclamados por Garzón

El abogado de la acusación particular del caso Ofiederra Íñigo Iruin ha recurrido ante la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo adoptado por el Gobierno el 2 de agosto de no levantar el secreto de 18 papeles del Cesíd reclamados por el juez el caso GAL Baltasar Garzón. Si el recurso fuese admitido a trámite, la sala tendría que decidir sobre el secreto de todos los papeles del Cesid reclamados por tres jueces (Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez). Fuentes del Supremo estiman probable que la resolución de la Sala Tercera se retrase hasta el próximo año.El recurso interpuesto ayer es el tercero elaborado por Iruin, en este caso en nombre de los padres del presunto etarra Ramón Oñederra, Kattu, ametrallado en diciembre de 1983, y de Vicente Perurena, hermano de Domingo Perurena, asesinado en 1984. Ha sido presentado por la vía rápida de la ley 62 / 1978, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, como los otros dos interpuestos por Iruin. Uno de ellos, en nombre de los familiares de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, supuestos etarras secuestrados, torturados y asesinados en 1983. El otro, en nombre de la familia Lucía Urigoitia, muerta en julio de 1987 por disparos de la Guardia Civil. Es probable que, una vez admitido, el presidente de la sala Ángel Rodríguez decida, como en el caso de los otros dos, que resuelva el pleno.

El retraso en la presentación del tercer recurso se debe a que el juez Garzón mantiene secreto el sumario del caso Oñederra, por lo que no había notificado a las partes el acuerdo del Gobierno que denegó la desclasificación de los 18 documentos. Iruin le pidió tal notificación para poder interponer el recurso, y el pasado 5 de noviembre Garzón levantó él secreto sobre los dos folios en los que se contiene la decisión del Consejo de Ministros.

El problema de la prueba

El principal problema con el que se enfrenta la sala es la forma de practicar la prueba. El fiscal ya ha solicitado, en sus alegaciones respecto a los dos primeros recursos, que los papeles del Cesid sean examinados in camera, es decir, por un grupo reducido de magistrados.

Para principios de, diciembre está previsto un pleno de la Sala Tercera del Supremo, a fin de resolver ese problema. Algunos magistrados consideran necesario el examen de los documentos por todos ellos, mientras que otros estiman que basta con que los vean los ponentes de cada recurso, y otros creen que, a los efectos de la decisión de la sala, será suficiente que se pregunte al Gobierno si el contenido de los documentos expuesto por los jueces que los reclamaron coincide con los auténticos. Sólo si la respuesta fuera negativa sería necesario examinarlos.

De los 18 documentos relacionados con el caso Oñederra el Gobierno declaró inexistentes dos de ellos: el que recogía una supuesta conversación entre el general Rodríguez Galindo y su subordinado Gómez Nieto, y el relativo a la llamada Operación Mengele. Entre los restantes figuran el que mostraba el anagrama de los GAL, el que revelaba eterminadas acciones contra os comandos autónomos, la llamada acta fundacional de los GAL y el que planteaba la posibilidad de establecer una colaboración con la Mafia.