Precisiones sobre el Concierto Económico vasco

Una vez más, el tema del Concierto Económico vasco viene ocupando espacios en la prensa al haberse resucitado una polémica en torno al mismo.La verdad es que ni el hecho es nuevo ni tampoco lo son los razonamientos que se ofrecen para combatirlo. La historia lleva más de cien años resurgiendo periódicamente.

Puestos a realizar una síntesis valorativa del fenómeno, tengo la sensación de que, en las polémicas suscitadas, rara vez se centra la cuestión en lo que a mi juicio radica tanto la razón de ser del Concierto Económico como su legitimidad. Priman los razonamientos circunstanciales, oscureciendo el fondo de la cuestión y también los ánimos de los lectores. A este fondo de la cuestión quiero referirme.

Todo empezó con la Ley del 21 de julio de 1876, llamada la Abolición de los Fueros Vascos, con la que Cánovas del Castillo, el hombre de la restauración, quiso llevar a término su propósito de convertir la unidad territorial del Estado en unidad nacional. Propósito que, a mi juicio, no se consolidó, como lo demuestran los hechos de la historia, pero esto es ya otra cuestión.

La Constitución de 1876 configuró el Estado como un Estado-nacional, articulado sobre la base de un poder, único y centralizado. Esta Constitución desconoció que existía, dentro del territorio del Estado, otra realidad política incuestionable: los territorios vascos, poseedores de un sistema de gobierno propio, emanado de unos poderes originarios, celosamente conservados y conocidos como los fueros vascos.

El que la Constitución ignorase este problema puso de manifiesto que el propósito no era otro que el de provocar la desaparición de aquellos fueros.

Por ello, con la ley abolitoria de los fueros, se realizó una operación política, con consecuencias en una doble vertiente. En el plano vasco, significaba ver arrebatados unos poderes políticos poseídos desde tiempos seculares. En el plano del Estado, se buscó consolidar el dogma del Estado nacional, basado en la existencia de una sola nación. Así, la unidad territorial de la Corona, que supo convivir en el respeto a la diversidad, se convirtió en la unidad nacional, que no fue capaz de continuar con aquella forma de convivencia.

Desde una apariencia formal de los hechos, la ley abolitoria presentaba cobertura legal al propósito unificador, puesto que la decisión provenía de un Congreso de los Diputados representante de la nación.

Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas. La ley abolitoria de los fueros no era una ley cualquiera. Era una ley singular, que trataba de producir unos efectos de nivel constitucional, aunque fuera solapadamente.

Vistas las cosas desde otra perspectiva, Cánovas del Castillo sabía que aquella medida legal carecía de la aceptación mínima y necesaria por parte de las fuerzas políticas y sociales vascas, cuyos sentimientos de protesta y rechazo quedaron inequívocamente patentes. Una medida de esta naturaleza, que no contó con el consenso suficiente, nacía como un acto unilateral, sin la estabilidad adecuada y, en términos de una elemental, praxis democrática, sin la legitimidad imprescindible. Cerca de 120 años después, las cosas están como todos sabemos. La decisión fue un error político, que nos dejó una herencia que ha hecho correr no sólo ríos de tinta, como ahora ocurre, sino también, y ello es más triste, demasiada sangre.

Que Cánovas no se sintió muy seguro de su decisión, lo demuestra el propio texto de la ley abolitoria. Sus artículos cuarto y quinto dejaron abierta una puerta para negociar reformas en el régimen foral, con referencia expresa a la contingentación de cupos, para prestar el servicio militar y el pago de tributos.

Nada más expresivo para comprender lo delicado de la actuación y de la situación que recoger aquí una expresión contenida en el preámbulo del Real Decreto del 13 de noviembre de 1877, precursor del primer Concierto Económico, donde, entre diversas consideraciones justificativas de las medidas que propugna, se alude también a la necesidad de tener en cuenta "motivos de alta prudencia y justas consideraciones hacia sus habitantes, hasta aquí exentos".

"Alta prudencia" que constituye el reconocimiento, en términos de valor entendido, de la disconformidad de una de las partes afectadas por la medida: el rechazo de un sector tan sigularizable como era el pueblo vasco. Con la "alta prudencia" o, en otras palabras, con los Conciertos Económicos, se quiso salvar la distancia que había entre la realidad y la legalidad. Probablemente se pensó que el tiempo cura las heridas, pero esta vez no ha sido así.

A partir de esta situación vinieron los Conciertos Económicos y los cupos de los reemplazos al Ejército, cuyas vicisitudes posteriores no hacen al caso relatar en estas líneas, salvo recordar que la Constitución del 79 y el Estatuto de Autonomía permitieron recuperar lo perdido en la etapa del franquismo.

También en aquel entonces se consolidó una endeblez constitucional, empeñada en desconocer un hecho clave como es la plurinacionalidad del Estado.

Es así como nace la institución de los gobiernos, que no ha tenido equivalencia en otros ámbitos.

La historia ha dado a los Conciertos Económicos una razón de ser, pero ahí no terminan las cosas. Lo importante, a efectos de estas consideraciones, no es tanto el contenido de los derechos que incorpora el Concierto Económico, sino el derecho, en sí mismo considerado, que tiene su anclaje en una cuestión que debe considerarse en el escenario de la preconstitucionalidad.

Al utilizar la expresión "nacionalidad" hemos entrado en lo que considero el núcleo de la cuestión. A mi juicio, éste es el verdadero punto de arranque para un enfoque correcto, sin que ello suponga rechazar otros argumentos. La plurinacionalidad del Estado ha sido un tema tabú hasta ahora, lo que ha impedido plantearlo en su dimensión profunda. La actual Constitución se ha asomado tímidamente al problema, reconociendo en su artículo segundo la existencia de nacionalidades.

Sobre el alcance del término existen opiniones diversas y, sin entrar a polemizar sobre su contenido, habremos de convenir que, cuando menos, es un concepto de integración compleja, en la medida en que confluyen diversos componentes. Afloran hechos naturales como, por ejemplo, la lengua, y otros de carácter subjetivo como es una determinada vocación de construir el futuro desde el sentimiento de identidad diferenciada. También entra en el juego el legado de la propia historia.

Estas circunstancias, en su conjunto, configuran una nacionalidad, y ninguna de éstas es igual a otra. De aquí que, al hablar de nacionalidad, no pueden establecerse conceptualmente equivalencias con lo que, en su día, se llamó "sano regionalismo", o con las proclamaciones retóricas de nacionalidad, vacías de contenido real y destinadas al apoyo de operaciones políticas de emulación.

En el caso vasco, el sentimiento de nacionalidad también está integrado por varios sumandos, uno de los cuales es un legado de la historia concreta, del que forma parte el Concierto Económico.

En un momento problemático de la transición, la dirección del PNV nos encargó a Federico Zabala y a mí, entonces senadores visitar en Estoril a don Juan de Borbón para exponerle directamente nuestras formulaciones políticas; don Juan siempre quiso estar enterado de las vicisitudes de los vascos. La acogida fue cordial, y la entrevista, sorprendentemente larga. Hablamos de todo, creo que de lo divino y lo humano, y, por supuesto, del Concierto Económico. Recordando vivencias de sus veraneos juveniles en San Sebastián, don Juan contó detalles acerca de las valoraciones favorables al concierto oídas incluso a su padre, Alfonso XIII; también recordó el significado de esta institución y el grado de adhesión de los vascos. Si lo cuento ahora es para que quienes como yo no vivimos experiencias reales sobre el concierto durante el franquismo comprendan que la historia viene de lejos y que el sistema concertado ha merecido el respeto de quienes algo sabían de lo que son las responsabilidades de Estado. Que el presidente Aznar se haya identificado con esta trayectoria es una garantía de futuro.

Con lo que antecede quisiera que se comprenda que la adhesión que inspiraba e inspira, en el ámbito vasco, responde a la idea de que el concierto es no sólo un instrumento de recuperación, siquiera sea parcial, de su nunca renunciado autogobierno foral, sino también un instrumento de gestión de intereses públicos, socialmente asumido.

Es así como el concierto es algo que pertenece al acervo de todos los vascos, cualquiera que sea su ideología. El concierto ha sido aceptado tanto por los grandes personajes liberales de antaño como por los fucristas o los nacionalistas, monárquicos o republicanos. Desde un Fidel de Sagarmínaga a José Antonio Aguirre. Cuestionar aquél, es tanto como cuestionar el sentimiento, la concepción que los vascos tenemos, legítimamente, de nuestras propias cosas, de nuestros propios derechos de nacionalidad.

Negar las señas de identidad y entre ellas el concierto como en su día ocurrió con el euskera, por citar un ejemplo, es tanto como introducir una dificultad adicional a las complejas relaciones con el Estado. Por ello, las protestas sobre agravios comparativos, además de desconocer el fondo de la cuestión, llevan necesariamente a un callejón sin salida frente a un propósito de facilitar la estabilidad del Estado.

Cualquier proyecto de convivencia armónica pasa un reconocimiento recíproco de los unos y los otros, con cuantos elementos integran las identidades diferenciales, con las consecuencias políticas y constitucionales que de ellos se deriven.

Si no se desea comprender esto, entonces el problema no es el Concierto Económico; el problema es de otra naturaleza.