Los 'dinosaurios' del PRI ya no quieren caminar

Los analistas estaban contentos a principios de semana. Las elecciones municipales y legislativas celebradas en tres Estados de la república mexicana el pasado domingo -Estado de México e Hidalgo (centro del país) y Coahuila (norte)- habían ofrecido un resultado alentador en términos democráticos: escasas irregularidades y un avance importante de la oposición, que aguaba el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde hace 67 años. Nada más emblemático que el Estado de México. Hasta ahora, esta entidad de 12 millones de habitantes, la más poblada de la república, se erigía como bastión priísta: en las elecciones locales de 1993 el PRI logró el 53,4% de los votos. El pasado domingo no pasó del 37%, mientras que la oposición duplicó los sufragios: un 30% para el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) y un 21% para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro izquierda. Además de haber perdido la mayoría absoluta en el Congreso local, el PRI se ha despedido de importantes alcaldías. La oposición controla ya 47 de los 122 municipios. Se confirmaba, una vez más, la tendencia que se ha ido manifestando en los comicios celebrados desde 1994: una mayor diversidad política y, sobre todo, el crecimiento imparable del PAN, que desde cuatro gobiernos estatales y numerosas alcaldías gobierna ya a una tercera parte de los 93 millones de mexicanos. Atrás quedaban los oscuros tiempos en los que el PRI arrasaba incluso con los votos de los muertos. México parecía ya encaminarse por la senda democrática, que quedaría expedita después, de que el Congreso aprobara la ley de reforma electoral. Dos años habían tardado las cúpulas de los partidos y el Gobierno en ponerse de acuerdo. El fruto era ese documento que terminaba por arrebatar al PRI la maquinaria de control electoral. Sería, había prometido el presidente, la reforma definitiva. En el seno del partido oficial, sin embargo, se dispararon las alarmas. Las elecciones del pasado domingo eran un siniestro augurio de lo que podría suceder en 1997, año en que se renovará el Congreso y se elegirá, por primera vez, al regente de la capital. La rebelión se puso en marcha. El pasado jueves, el grupo parlamentario del PRI dio un auténtico golpe de timón a la reforma y echó para atrás 16 puntos consensuados, referidos, por ejemplo, al establecimiento de coaliciones, al límite de los gastos de campaña y al acceso equitativo de los partidos a la radio y la televisión.

Nada pudo hacer la oposición frente a la mayoría priísta, que aprobó el texto reformado en solitario. "No ha sido ninguna maniobra del PRI, es fruto de que las negociaciones políticas se rompieron y no se llegó a un acuerdo global", explicaba el presidente priísta, Santiago Oñate. La oposición no quiso ceder en sus pretensiones de rebajar la financiación de los partidos, que el PRI ha situado en 2.000 millones de pesos (más de 30.000 millones de pesetas). Si bien esto es cierto, no lo es menos el hecho de que, una vez más, la línea dura del PRI, que no se resigna a perder el monopolio del poder, parece estar ganando terreno. El avance de la oposición ha envalentonado a los dinosaurios políticos y sindicales y el partido se ha puesto en guardia frente a los ímpetus democratizadores de Zedillo.

Como la famosa cucaracha, el PRI no puede caminar, no porque no tenga patas, sino porque algunos sectores se niegan a quitar el freno de mano. Con todo, la reforma aprobada es muy importante: entre otros puntos, el Instituto Federal Electoral pasa de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) al control ciudadano y se crean mecanismos judiciales de resolución de controversias. Pero la sensación de retroceso pesa en el ambiente político. El único diputado del PRI que votó en contra de la reforma afeitada espetó desde la tribuna que sus correligionarios querían "encallar el barco del país en ese rincón del autoritarismo que todavía guarda su conciencia".